Enfrentamientos entre disidencias y Eln exigen del Estado acciones en defensa de la población civil.
Son escenas tan reiteradas como cruentas las que se viven en las históricas y pujantes tierras del departamento de Arauca por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln. Con el agravante de que la población civil está entre fuegos cruzados, con las tenebrosas consecuencias que son previsibles.
Los preocupantes reportes que dejan los choques del último fin de semana allí entre estos dos bandos representan para el país un duro recorderis de las fragilidades y zonas grises de la política de ‘paz total’ impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los datos oficiales son aún fragmentarios, pero la Personería de Tame denuncia que no son menos de 15 las víctimas fatales de un ataque de las disidencias de ‘Antonio Medina’ contra un campamento del Eln en zona montañosa de ese municipio.
Decenas de familias de la vereda Siberia, según las mismas denuncias, han tenido que huir de sus tierras o confinarse forzadamente ante la violencia indiscriminada de estas dos organizaciones criminales que, paradójicamente, en este momento están adelantando conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.
Los esfuerzos de la ‘paz total’ no pueden representar para los grupos armados una patente de corso para delinquir a sus anchas.
Arauca, que es uno de los departamentos más golpeados por la violencia tanto de elenos como de las disidencias, sigue sin sentir mejoría en las precarias condiciones de orden público y seguridad que la han caracterizado en los últimos años. Allá están desbordadas todas las facetas del conflicto armado, sin que ni la fuerza del Estado ni su política de paz hayan logrado mayores resultados en la mejoría de las condiciones de miles de colombianos, especialmente de las zonas rurales, que han vuelto a verse sometidos al régimen de terror de los armados ilegales. Esto conlleva muchos dramas asociados, cuando hay familias, arraigo, vidas y bienes de por medio.
Más allá de los llamados del Comisionado de Paz para que los dos bandos detengan sus acciones armadas, lo que procede es que las Fuerzas Armadas tomen por fin la iniciativa en Arauca para que la vida y la seguridad de los colombianos no queden, como desafortunadamente ha venido pasando, a la buena voluntad de organizaciones criminales que si algo han demostrado de sobra es que, precisamente, no la tienen.
Los esfuerzos de la ‘paz total’, que el país acompaña en su filosofía de lograr por fin el cese definitivo de la violencia, no pueden representar para los grupos armados una patente de corso para delinquir a sus anchas –así sea en contra de otras organizaciones criminales– mientras cuentan con la tranquilidad de que la Fuerza Pública honrará la palabra empeñada en los ceses de fuego bilaterales.
Arauca, como Cauca, Nariño, Norte de Santander y otras regiones del territorio nacional golpeadas por la violenta acción de los grupos que se disputan el control del narcotráfico y la minería ilegal, exige, como el resto de Colombia, que los armados que supuestamente están interesados en la ‘paz total’ actúen en consecuencia. Y que si esto no es así, que el Estado cumpla su deber y empiece a imponer la ley en defensa de los derechos y la vida de todos.
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