La Fiscalía española se opuso este martes a que la Justicia investigue al ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid el pasado 20 de enero, que generó una fuerte polémica política en España.
El Ministerio pidió al Tribunal Supremo que no tramite, por falta de indicios “suficientes”, las querellas presentadas con él por los partidos Laócrata (extraparlamentario) y Vox (extrema derecha), que le atribuyen un delito de prevaricación.
Rodríguez y altos cargos del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene prohibida, por la Unión Europea, la entrada y tránsito en la zona comunitaria de libre circulación Schengen, de la que España forma parte.
El pasado enero medios españoles publicaron que Rodríguez había estado en el aeropuerto madrileño durante una escala y que se había entrevistado con Ábalos, días antes de la llegada del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por unos 50 países, entre ellos España. El asunto causó gran revuelo mediático y político.
El ministro español – que también es el número dos del gobernante Partido Socialista – explicó que no fue una reunión, sino un “encuentro” de 20 o 25 minutos para saludarla dentro del avión, mientras que el Ejecutivo, que preside Pedro Sánchez, insistió en que Rodríguez no entró en España.
Los dos partidos denunciantes aseguran que Ábalos autorizó a la política venezolana para que “atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el aeropuerto”, pese a que “tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo“.
Sin embargo, la Fiscalía argumenta que las querellas están basadas “exclusivamente” en artículos de prensa y en la “declaración notarial” de un empleado en el aeropuerto que ni siquiera especifica su puesto laboral, todo ello sin concretar “mínimamente” la participación del querellado en los hechos imputados.
Respecto a la prevaricación, insiste en que los denunciantes “no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación en la decisión que cuestionan”.
Por todo ello, el Ministerio Público solicita el archivo de las diligencias, sin perjuicio de las investigaciones de un juzgado de Madrid donde Laócrata, Vox y el conservador Partido Popular (el principal de la oposición parlamentaria) también presentaron sendas denuncias.
La oposición de conservadores y liberales habían solicitado una comisión parlamentaria de investigación, pero la mayoría de los grupos, con el Partido Socialista y Unidas Podemos (izquierda) a la cabeza, que gobiernan en coalición, se opusieron.
EFE
