La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, intentará continuar en el cargo tras recibir el aval este martes como postulante, aunque con nulas posibilidades de su designación por parte del presidente, Bernardo Arévalo de León, quien tendrá la decisión final.
La comisión a cargo del proceso de elección dio luz verde este mediodía a Porras Argueta como candidata a la reelección, tras la primera ronda de depuración de aspirantes, en la que quedaron fuera algunos abogados que no completaron correctamente el trámite.
La comisión deberá entregar en abril un listado de seis candidatos al presidente guatemalteco para que designe al fiscal general para el período 2026-2030. Tanto expertos como el propio el propio Arévalo de León aseguran que se removerá del cargo a la fiscal, aunque no se descarta que integre el listado final si así lo decide la comisión.
A la jefa del Ministerio Público que sancionó en los últimos años Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos en casos de corrupción, incluidos intentos por revertir los resultados electorales que llevaron a Arévalo de León a la presidencia en 2023.
Vínculos de candidatos con casos de corrupción
Un total de 59 abogados se postularon al cargo, de los cuales ya se descartó al menos a cinco por parte de la comisión ante la falta de documentos requeridos. Entre los candidatos figuran juristas allegados a Arévalo de León, como su actual ministro de Gobernación, Marco Villeda, y el procurador general de la nación, Julio Saavedra.
Algunos analistas advierten que el listado de seis aspirantes que la comisión entregará a Arévalo de León podría estar integrado por abogados adversos a la lucha contra la corrupción.
Esa fue la denuncia reciente de Estados Unidos en un proceso similar para el Tribunal Supremo Electoral, donde el Congreso recibió un listado de 20 candidatos para elegir a los magistrados y, según Washington, varios estarían vinculados al narcotráfico o al crimen organizado.
La comisión encargada de la elección del fiscal general y la del Tribunal Supremo Electoral comparten integrantes, como decanos de universidades privadas y de la estatal del país.
La elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público es considerada trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, según organizaciones sociales.
Arévalo de León aseguró al inicio de su Gobierno, en enero de 2024, que analizaría mecanismos para remover a Porras Argueta, aunque luego dio marcha atrás al afirmar que la ley no le otorga potestad para destituirla. EFE
