A propósito de las elecciones en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se despliega en todo el país con el Plan República. En cada centro electoral, un teniente lidera un grupo de soldados, supervisados por oficiales superiores. Este despliegue, sin embargo, coloca a la FANB en una situación de máxima vulnerabilidad, especialmente ante las presiones del régimen de Maduro, que insiste en mantener una narrativa de fraude y violencia por parte de la oposición.
Es crucial recordar que la FANB no debe cumplir órdenes que violen la Constitución y los derechos humanos. Este recordatorio no solo es vital para los soldados, sino también para sus familias, quienes deben saber que sus hijos, esposos y padres son seres humanos con conciencia y responsabilidad, no simples máquinas de obediencia.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara: cualquier acto dictado en ejercicio del poder público que viole los derechos garantizados es nulo. Los funcionarios que ordenen o ejecuten tales actos incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que las órdenes superiores sirvan de excusa. Además, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y estas acciones son imprescriptibles.
La normativa venezolana también establece que ningún funcionario, civil o militar, puede justificar la comisión de actos de tortura o tratos inhumanos y degradantes bajo la excusa de cumplir órdenes superiores. Los militares en servicio activo no quedan exentos de responsabilidad penal por actos que violen los derechos humanos, incluso cuando estos actos son cometidos en cumplimiento de órdenes.
A nivel internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional subraya la responsabilidad individual de los funcionarios. Establece que una persona es penalmente responsable y puede ser castigada por crímenes, ya sea que los cometa directamente, los ordene, los facilite o los incite. La posición oficial de una persona no la exime de responsabilidad penal y el cumplimiento de órdenes superiores no es una defensa válida en casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.
En este contexto, es fundamental que la FANB recuerde su juramento a la Constitución y a los derechos del pueblo venezolano. En este momento decisivo, los militares deben actuar con integridad y valentía, rechazando cualquier orden que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales. Solo así, Venezuela podrá avanzar hacia un futuro libre, justo y democrático.
El desafío que enfrenta la FANB no es menor. La presión del régimen de Maduro es intensa, pero la Constitución y las leyes venezolanas, respaldadas por el derecho internacional, ofrecen un marco claro para la acción. La FANB debe mantenerse firme en su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, demostrando que su lealtad es con el pueblo y no con un régimen opresor.
La historia juzgará a aquellos que, en momentos de crisis, optaron por la justicia y la protección de los derechos humanos sobre la obediencia ciega a órdenes injustas. La FANB tiene la oportunidad de estar del lado correcto de la historia, contribuyendo a la construcción de una Venezuela libre y democrática.
Es el momento de la verdad para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La esperanza de un futuro mejor para Venezuela depende de su capacidad para actuar con coraje y honor, defendiendo la Constitución y los derechos de todos los venezolanos.
Editorial de El Nacional
