El libre acceso a las armas de todo calibre y alcance está bajo escrutinio en Estados Unidos. Estar armado es lo normal, para la mayoría constituye un derecho inalienable. Sin embargo, cada vez que ocurre una matanza, se reabre el debate. Son demasiadas lágrimas derramadas por la muerte de inocentes en una situación que se está convirtiendo ya en una enfermedad letal.
En 2021 hubo 692 muertes por arma de fuego en diferentes tiroteos. Ya no importa en donde se encuentren, en una iglesia, en un colegio, en un centro comercial, en una tienda por departamentos, en un concierto. Cualquiera está expuesto a que un civil armado arremeta en contra de las masas. También son variados los motivos, tanto que ni siquiera son citados en las noticias.
Ya en los cinco meses de 2022 van 213 muertos, incluida la terrible matanza en el colegio de Uvalde, Texas. Niños indefensos se convirtieron de repente en blancos de tiro de un joven de 18 años claramente perturbado. Y es allí en donde reside el punto crucial de este flagelo que azota a la sociedad estadounidense, todo pasa por la atención de la salud mental de estas personas que arremeten violentamente contra grupos desarmados.
Es por eso que muchos están llamando la atención sobre lo que evidentemente se está convirtiendo en un problema de salud mental. Tienen que reconocer los líderes políticos y el gobierno estadounidense que no solo se trata de aplicar menos o más control a la compra y tenencia de armas. La violencia está instaurada en muchos ciudadanos que desde niños se ven alentados y educados en el uso de estos artefactos. Se evidenció luego de la matanza de Uvalve cuando comenzaron a circular en las redes sociales videos de niños de pocos años de edad que ya saben usarlas.
Pero la violencia no se combate con restricciones sino con educación. El propio atacante de Uvalde sufrió en su niñez el acoso por ser diferente y creció con mucha ira por dentro. ¿Dónde está la atención a la salud mental de los menores y de los adultos? Esa podría ser la clave para disminuir este tipo de sucesos.
Estados Unidos es un país con recursos y con gobierno e instituciones que están verdaderamente al servicio de la ciudadanía. Paralelamente al diseño de normas y leyes que pongan límite a las armas pueden invertir en educación y en atención a la salud mental para vencer el flagelo de la violencia en cualquiera de sus presentaciones.
Desgraciadamente, en Venezuela sufrimos algo parecido, solo que las armas circulan libremente entre los delincuentes y son ellos los que las usan muchas veces en contra de la población inocente; no hay órganos de seguridad del Estado que defiendan a los ciudadanos y mucho menos que apliquen políticas de desarme o de control de armamento, sino todo lo contrario. Tampoco se cuenta con un sistema que se ocupe de la salud mental de los venezolanos y mucho menos se puede contar con la educación en el aula o en el seno familiar. Así las cosas, es un país condenado a la violencia, a menos que ocurra un cambio.
Pero esperemos que, por el bien de los estadounidenses, las autoridades en ese país entiendan que pueden hacer algo a corto plazo, como recoger y controlar las armas, y a largo plazo, como extirpar el gen de la violencia de la mente de los ciudadanos.
Editorial de El Nacional
