Sola y con las heridas de la última golpiza, Marisela Oliva espera afuera de un inmenso juzgado de Ciudad de México la audiencia en la que se decidirá si su agresor queda libre.
Su única petición es que haga justicia, pero lograrlo parece difícil en un país donde 94% de los delitos contra las mujeres quedan impunes, según Conavim, un ente gubernamental que trabaja en su prevención.
“Si la autoridad lo suelta, ¿a dónde voy a ir a protegerme? ¿Dónde me voy a esconder, si me tiene amenazada de muerte? ¿Dónde están las autoridades que lo deben proteger a uno?”, dice Oliva, de 58 años, a la AFP.
La mujer se mueve lentamente con ayuda de un caminador por los golpes de su expareja, que le dejaron moretones en los brazos, pero también el firme deseo de que haya castigo.
El gobierno reportó 423 feminicidios entre enero y mayo pasado, un aumento de 7,1% frente a igual período de 2020, que cerró con 967 casos.
El camino de Oliva para llegar a la audiencia fue difícil.
Con voz cansada, cuenta que los policías del central Estado de México redujeron el ataque a un pleito de pareja y no le tomaron una declaración completa.
Pero con ayuda de una activista, el lento aparato de justicia comenzó a moverse.
Sorprendido de verla con andadera, el juez observó fotos de los golpes y mensajes amenazantes del agresor y su familia.
“¿Qué está esperando la justicia? ¿Que me mate?”, cuestiona. El hombre quedó bajo arresto preventivo.
“Se duda de nuestra palabra”
En una cárcel del este de la capital, Daniela Sánchez acompaña a una mujer a una audiencia contra su agresor.
