El próximo 3 de diciembre, los venezolanos hemos sido convocados para responder cinco preguntas, supuestamente para fortalecer nuestra defensa en el caso que se sustancia en la Corte Internacional de Justicia para decidir la controversia del Esequibo. Por referirse a las competencias del poder público, respecto de materias que según la Constitución nacional son de responsabilidad del presidente de la República, esa consulta es innecesaria, y pretende distraer la atención de los venezolanos de los graves problemas políticos y sociales que les afligen. Lo que correspondería es que los abogados que tienen la responsabilidad de preparar la defensa de los derechos e intereses de Venezuela informaran a los ciudadanos, razonadamente, qué es lo que están haciendo en ese sentido.
Son cinco preguntas sesgadas, que apelan al sentimiento patrio, que inducen a responder de manera afirmativa, y que requieren de los venezolanos un conocimiento certero del Derecho Internacional. En los casos de las preguntas 2 y 3 se parte de premisas falsas, que ignoran que estamos en la CIJ por aplicación del Acuerdo de Ginebra. Con la pregunta 4, respecto de las licitaciones de Guyana para explorar y explotar los recursos naturales de la zona en disputa o de su proyección marítima, se elude decirle a los venezolanos que el Estado podía haber pedido medidas provisionales para detener esas acciones y no lo hizo. Respecto de la pregunta 5, se pasa por alto que el territorio en disputa está en poder de Guyana, y que el incorporarlo en los mapas de Venezuela no va a resolver la controversia. Eso es querer engañar a los venezolanos.
Para la Corte Internacional de Justicia, y para el proceso judicial que está en marcha en esa instancia internacional, la respuesta que se dé a esas cinco preguntas, ya sea en sentido afirmativo o negativo, es absolutamente irrelevante. Sin importar como respondan los venezolanos, ese proceso seguirá su curso y, dentro de 3 o 4 años, concluirá con una sentencia que será obligatoria, y que, para bien o para mal, pondrá fin a la controversia del Esequibo. Si termina mal, la historia recordará a quienes hoy tienen el poder y dejaron escaparse la oportunidad de recuperar el Esequibo.
Quedan cinco meses para que el Estado deba presentar en la Corte su contra memoria con los argumentos que nos permiten afirmar que el laudo de París es nulo y que el territorio situado al oeste del río Esequibo pertenece legítimamente a Venezuela. Esa es la oportunidad que tanto habíamos esperado. No está planteado que el Estado se retire del procedimiento en la Corte y que abandone su obligación moral y legal de defender los derechos e intereses de Venezuela. Eso sería un crimen de lesa patria.
Rditorial de El Nacional
