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La CPI y las víctimas venezolanas

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La CPI y las víctimas venezolanas

   



La Sala de Jueces de Asuntos Preliminares respondió a la pretensión del régimen venezolano de limitar la participación de las víctimas en el proceso de investigación que se está llevando a cabo en dicha Corte, con un contundente comunicado fechado el 10 de noviembre, en el que invita a cualquier víctima o su representante legal a enviar sus preocupaciones u opiniones sobre la solicitud que le hizo el fiscal Karim Khan a la Sala de Jueces, para que lo autorizara a continuar con la investigación que lleva adelante en contra del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.

 

 

El régimen pretendía limitar dicha participación de las víctimas, pidiendo que fuera la VPRS la que presentara resúmenes sobre sus opiniones y preocupaciones, de aquellas víctimas “plenamente identificadas”, limitándolo solo a los casos que ya habían sido presentados por el fiscal, lo que excluiría que pudieran participar otras víctimas que no han denunciado y recaudar sus opiniones, sobre la solicitud del fiscal de continuar con la investigación.

 

 

El régimen ha utilizado todas las artimañas posibles, a pesar de que la Fiscalía ha ido desmembrando uno a uno los argumentos utilizados por el Estado para buscar la inhibición del fiscal y el aplazamiento de la investigación, con el único propósito de ganar tiempo y legitimidad internacional a través del llamado a elecciones, lo que lo ayudaría a buscar la desesperada impunidad inmediata de los altos responsables señalados por crímenes de lesa humanidad.

 

 

Un régimen “reelegido con un baño de democracia”, aunque todos sepamos que no hay democracia, que la dictadura organiza las elecciones bajo los mismos parámetros por los cuales la anterior se consideró ilegítima, y que no serán libres, justas y creíbles, no puede ser tan malo ni tan criminal, dirán distintos actores internacionales convenientemente, porque si no, ¿por qué lo reelegirían los venezolanos?

 

 

Para esto, el régimen cuenta con sus amigos regionales que lo reconocen y lo abrazan políticamente, impulsándolo para liderar organismos muertos como la Unasur e invitándolo a las reuniones de la Celac. El blanqueo de la dictadura venezolana es de tal magnitud que presidentes y expresidentes, así como personalidades e intelectuales reconocidos, prefieren ignorar los informes técnicos de organismos regionales y universales como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos Independientes para la Determinación de Hechos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías de Naciones Unidas, el Informe de Expertos Independientes de la Organización de Estados Americanos, los informes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, e insólitamente, la propia investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional y las declaraciones contundentes del fiscal.

 

 

Por todo esto es tan importante la movilización de la sociedad civil venezolana con el fin de aportar todo lo que sea necesario para demostrar que los crímenes por los cuales se acusa al régimen de Nicolas Maduro ante la CPI continúan sucediendo, que no existen investigaciones independientes y creíbles porque no hay Estado de Derecho en Venezuela, y que no existe absolutamente ninguna investigación en contra de los altos responsables señalados ante la Fiscalía. Que hablen las víctimas por sí solas o a través de sus representantes. Hay que apoyar al fiscal Karim Khan en su petición de continuar con la investigación.

 

Editorial de El Nacional

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