La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció este lunes que Estados Unidos haya sancionado a nueve de sus funcionarios -jueces y fiscales- “situándolos al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes” y subrayó que tribunal no cederá “a ninguna presión” y que su independencia “permanece intacta”.
Durante su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, Akane reconoció que la institución, con sede en La Haya, afronta “ataques sin precedentes”, desde que emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por crímenes en Palestina.
Sanciones por investigar crímenes en Gaza y Ucrania
Nueve altos cargos electos de la CPI, incluidos seis jueces, han sido objeto de sanciones este año por parte de Estados Unidos en respuesta a la investigación que involucra a Israel por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluida Gaza, lo que situó a estos funcionarios en listas estadounidenses reservadas habitualmente a «terroristas y narcotraficantes».
“Sus vidas personales y familiares se han visto profundamente alteradas y su capacidad para realizar transacciones financieras ha sido restringida incluso en territorios de Estados Parte, también en Europa”, denunció Akane.
Además, Rusia ha emitido en los últimos años órdenes de detención contra nueve jueces y toda la Presidencia de la CPI por la orden de arresto emitida contra Putin por deportación de niños ucranianos a Rusia, una decisión de la Corte sobre la que Moscú ha concluido investigaciones y celebrado vistas en rebeldía.
“Estas medidas buscan socavar la existencia misma de la Corte”, denunció la presidenta.
Pese a ello, aseguró que la CPI seguirá trabajando con “expedición y eficacia” en todas las fases de sus procedimientos, desde las investigaciones hasta las apelaciones, y destacó la carga de trabajo de este año, con múltiples órdenes de arresto, en algunos casos bajo confidencialidad por decisión judicial.
Los casos de Hungría e Italia
La institución insistió en que cualquier disputa relacionada con sus funciones judiciales debe resolverse “exclusivamente” según el Estatuto de Roma, el tratado de la CPI, y pidió a los países que utilicen las vías internas de consulta previstas antes de cuestionar la ejecución de solicitudes de cooperación y órdenes de arresto.
El pasado julio, la CPI denunció a Hungría ante su órgano supervisor por considerar que “incumplió sus obligaciones” legales al no arrestar a Netanyahu durante su visita al país en abril, pese a la existencia de la orden de detención por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
En enero, se registró una situación similar en otro país miembro de la CPI. Italia detuvo al jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, pero decidió dejarlo en libertad de inmediato y enviarlo de vuelta a Libia, en contra de la orden de arresto del tribunal, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en la cárcel de Mitiga en la capital libia, Trípoli. EFE
