El gobierno colombiano insiste, por las informaciones conocidas, aunque oficiosas, en promover un acuerdo de cohabitación para en apariencia construir una ruta hacia la transición a la democracia en Venezuela. La idea, ya conocida pero no desechada, es que durante el próximo período constitucional previsto para iniciarse el 10 de enero el régimen de Nicolás Maduro y la oposición democrática compartan el poder: tres años cada uno y en 2030 se harían, ¡al fin!, elecciones transparentes.
Ese es el apretado resumen, producto de consultas con expertos y académicos que, al parecer, se inspira en el pacto político entre liberales y conservadores en Colombia que se denominó el Frente Nacional, que permitió que esas formaciones políticas se intercambiarán en el poder durante cuatro períodos consecutivos, de 1958 a 1974, además de distribuirse a partes iguales carteras ministeriales, la integración del Congreso y la composición del Poder Judicial.
El objetivo de aquel pacto era dejar atrás la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla y poner fin a la violencia entre liberales y conservadores que venía desde los años cuarenta del siglo pasado. La violencia, sin embargo, fue a mayores porque en esos períodos aparecieron y se fortalecieron las guerrillas de sello marxista y, en paralelo, el voto popular dejó de tener sentido cuando todo ya estaba, como se dice, “cocinado”.
Habría que revisar con exhaustividad si Gustavo Petro en el pasado bendijo aquel acuerdo de cohabitación, porque él fue parte integrante del Movimiento 19 de Abril (M-19) que apareció en 1970 como respuesta a lo que se denunció como un fraude electoral, vaya cosas de la historia, del Frente Nacional contra Rojas Pinilla. El “eme”, como se le llamó también, fue parte de la lucha guerrillera colombiana hasta 1990.
Lo que está planteado en Venezuela es el reconocimiento de la victoria alcanzada por las fuerzas democráticas el 28 de julio pasado, de lo cual hay evidencias muy potentes y, por si fuera poco, la negativa del régimen de Nicolás Maduro a mostrar las actas del escrutinio electoral termina de reconfirmar su derrota —aplastante derrota, por lo demás—. Lo que debe producirse en bien de la estabilidad, tranquilidad y recuperación del país es un proceso de negociación que abra el cauce a la transición democrática, con garantías para todos los ciudadanos y todas las fuerzas políticas.
La mediación de Colombia, Brasil y México, si su gobierno sale del ostracismo autoimpuesto, es bienvenida. Pero luce obligante que deben escuchar, y con mucha atención, a las fuerzas políticas de la oposición democrática y su liderazgo, que representa, por lo corto, no hay que olvidar que impidieron votar a cerca de 5 millones de venezolanos en el exterior, 70% del electorado.
Habría que preguntarse si la cúpula en el poder en Venezuela acepta tal mediación, porque cada vez que el gobierno de Colombia, o de algún otro país, le recuerda el asuntico de las actas, le responden que eso no es de su incumbencia.
La “cohabitación” es, por otro lado, muy real; la fórmula a la que recurren los voceros del régimen como ardid propagandístico para hacer ver, aunque no se sabe a quién, que ellos “dialogan” con el espectro político. Jorge Rodríguez acaba de convocar a los “caballeros —ya se sabe que a las mujeres las inhabilitan dentro y fuera de sus filas— de la mesa cuadrada”, que todos juntos no reúnen ni 3% de apoyo electoral, para hablar de cómo reformar las leyes electorales vigentes, porque a pesar de que les son ampliamente favorables y caprichosas naufragaron el 28J.
Nadie en esa mesa cuadrada se acordó de las actas, del fraude, de la burla a la soberanía popular. Esa habitación de acólitos ya existe, está full y es la respuesta errada del régimen a una realidad política diametralmente opuesta.
Editorial de El Nacional
