La CIDH expresó este domingo su «preocupación» por la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, en particular los que acudieron a sus audiencias públicas la semana pasada, y afirmó que aún no ha tomado una decisión sobre la petición de medidas cautelares para el opositor venezolano Leopoldo López.
«Miramos con preocupación lo que sucede con los defensores de derechos humanos en Venezuela», dijo Felipe González, uno de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una conferencia de prensa al término del 154 periodo de sesiones del organismo en Washington.
La semana pasada, la CIDH emitió una medida cautelar en la que instaba al Gobierno de Venezuela a proteger la vida del defensor de derechos humanos venezolano Marco Antonio Ponce, y denunció que él y otras seis personas que viajaron a Washington para hablar ante la Comisión fueron intimidados por altos cargos del Estado.
«Se había señalado que (esas personas) regresarían en tales vuelos con tal fecha a Venezuela» tras su participación en las audiencias, recordó González.
El Estado de Venezuela «no ha respondido» aún a esa solicitud de protección que hizo la CIDH, pero en los últimos días el organismo ha recibido «más información de parte de los defensores y defensoras, en el sentido de que al llegar (a Caracas) también habrían sido objeto de seguimiento, de fotografías», añadió.
González aseguró que, además de Ponce, «las otras personas» que acudieron a las audiencias en Washington también solicitaron medidas cautelares, y la Comisión «tiene abierto el trámite» de esa petición.
Entre ellos están Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Carlos Correa, de Espacio Público; Liliana Ortega, de Cofavic; Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Aurelio Fernández, de Transparencia Venezuela; y Feliciano Reina, de CODEVIDA.
La Comisión decidió conceder las medidas cautelares solo a Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC), y «sin pedir más información al Estado», debido a que «se había mostrado su foto en televisión» en Venezuela, por lo que la CIDH concluyó que estaba «en situación de inminente riesgo», explicó González.
Según la CIDH, el Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, mencionó a las personas que iban a participar en las audiencias de la Comisión durante el programa que presenta en el canal del Estado VTV el pasado 11 de febrero.
«La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante el sistema interamericano», subrayó hoy la CIDH en un comunicado.
Este mes, los miembros de la CIDH también evaluaron una solicitud de medidas cautelares para Leopoldo López que llevan ya varios meses estudiando, pero no tomaron ninguna decisión.
«La Comisión ha dado seguimiento a la situación de Leopoldo López tanto a través del mecanismo de medidas cautelares como del monitoreo de la situación en Venezuela, ha solicitado información en reiteradas oportunidades y, hasta el momento, no ha llegado a una decisión sobre si otorgar o no las medidas», dijo González.
«Las medidas cautelares no siempre tienen un pronunciamiento inmediato, tienen que ver con la información que la Comisión va solicitando y recibiendo» a los Estados y a las organizaciones o personas que han pedido que se otorgue esa protección, agregó.
González confió en poder tener «pronto» una decisión respecto a la solicitud relativa a López, que se encuentra en prisión preventiva desde febrero de 2014 acusado de promover violencia durante una marcha que dio comienzo a una oleada nacional de protestas antigubernamentales.
Los hechos violentos registrados durante las protestas antigubernamentales entre el 12 de febrero y el 30 de junio de 2014 ocasionaron la muerte a 43 personas y lesiones a 878, además de cientos de detenidos.
López está acusado por la Fiscalía de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio de oficinas y vehículos públicos relacionados con los hechos de violencia registrados el 12 de febrero.
EFE
