La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «profunda preocupación por los persistentes y alarmantes niveles de feminicidio» en América Latina, y ha recordado a los Estados su obligación de ejercer debida diligencia reforzada para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El feminicidio es una forma letal de violencia basada en género que «continúa socavando la dignidad, la seguridad y la igualdad de las mujeres y niñas en las Américas y el Caribe», asevera la CIDH en un comunicado.
En 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región, según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto representa, al menos, 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19.254 feminicidios en los últimos cinco años.
La Comisión ha indicado que en América Latina cientos de mujeres son asesinadas cada mes por razones vinculadas a la desigualdad de género, «lo que evidencia una crisis hemisférica impulsada por la discriminación, los estereotipos arraigados y la normalización de la violencia contra ellas».
«Los datos muestran tasas consistentemente altas —y en algunas áreas en aumento— de asesinatos cometidos por parejas íntimas, con las mujeres representando la mayoría de las víctimas», ha añadido.
Mayor ensañamiento e impunidad en casos de violencia en América Latina
El organismo internacional ha advertido además de que los informes sobre creciente brutalidad, mayor letalidad y una impunidad generalizada subrayan que la violencia contra las mujeres y niñas, que con frecuencia escala hasta feminicidios, sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves y extendidas del hemisferio. La mayoría de las mujeres que enfrentan estas agresiones no pueden acceder a mecanismos efectivos de justicia o protección.
Los casos frecuentemente incluyen agresiones sexuales, violencia física severa, estrangulación y la quema o abandono de los cuerpos, «lo que revela una crueldad destinada a silenciar e intimidar a las víctimas».
La CIDH ha añadido que aunque muchos estados de la región han adoptado leyes que sancionan la violencia contra las mujeres, «la evidencia muestra que el castigo más severo por sí solo no ha reducido los feminicidios».
Además, ha indicado que los sistemas de protección para víctimas «siguen siendo inaccesibles», que las investigaciones «carecen de recursos», que «los datos confiables son escasos» y que la dependencia económica continúa atrapando a las mujeres en situaciones de violencia.
«Una prevención efectiva requiere políticas que actúen antes de que la violencia ocurra, incluyendo medidas sólidas de protección, refugios seguros, programas de autonomía económica y sistemas de apoyo comunitario», ha continuado.
La Comisión ha instado a los Estados a «fortalecer los mecanismos de investigación y protección, garantizar un acceso efectivo a la justicia e invertir en políticas públicas preventivas y de largo plazo que amplíen la autonomía de las mujeres, incluida la independencia económica, esencial para romper los ciclos de violencia».
