El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, alertó hoy que Nicaragua se está transformando de un «Estado de derecho» a un «estado de excepción», con cambios de normas para restringir derechos fundamentales.
«Ese camino de empezar a construir normas de excepción, nos parece apuntar a una transferencia para establecer un régimen de prohibiciones, normas de prohibiciones; nos parece apuntar a una transformación de un Estado de derecho a un estado de excepción», afirmó el titular de la CIDH.
Abrão hizo esa valoración en una audiencia pública sobre represión y violencia durante las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en el marco del 169 periodo de sesiones de la Comisión, que se celebra en la Universidad de Colorado, en el municipio de Boulder.
El secretario ejecutivo de la Comisión mencionó «cambios de costumbres» y la «normalización de excepciones» mediante decretos como el emitido en septiembre por la Policía Nacional para establecer que es «ilegal» organizar protestas contra Ortega.
Ese «régimen de prohibiciones» podría demostrar que Nicaragua se está sumergiendo en una nueva etapa de la represión, según Abrão.
La CIDH ha desempeñado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que respaldó el diálogo nacional, actualmente estancado, y mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las investigaciones de los hechos.
La Comisión ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de 115 individuos y sus familiares, detalló Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 «presos políticos», según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
EFE
