La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados de Brasil inició una sesión que puede durar hasta 40 horas y en la que se comenzará a definir el futuro del presidente Michel Temer, acusado por la Fiscalía de corrupción.
Ese colegiado, integrado por 66 parlamentarios, discutirá un informe redactado por el diputado Bonifácio Andrada, instructor del caso, que recomienda archivar la denuncia por lo que califica de «notoria falta de pruebas».
Temer ha sido acusado de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS, en el marco de un acuerdo de cooperación con la Justicia, que ha sido anulado tras comprobarse que hubo fraudes en la información prestada.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que muchas de las «pruebas» que supuestamente incriminan al gobernante mantienen validez legal y por tanto sirven para sustentar los cargos.
Las acusaciones también llegan a dos ministros y dirigentes del Partido del Movimiento Democrático (PMDB), que lidera Temer, y en algunos casos se refieren a hechos ocurridos antes de mayo de 2016, cuando el actual gobernante asumió el poder, una vez que comenzó el proceso que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.
Esos trechos de la denuncia, sin embargo, no tendrían validez legal ahora contra Temer, pues la Constitución brasileña dice que un mandatario en pleno ejercicio del poder solo puede ser procesado penalmente por hechos ocurridos antes del inicio de su mandato.
En ese caso, los tribunales solamente podrían analizar el asunto una vez que concluya el actual período presidencial, el 1 de enero de 2019.
La sesión es el paso previo a la última fase del proceso, que se desarrollará en el pleno de la Cámara de Diputados, cuya autorización requiere la Corte Suprema para poder analizar el caso y decidir si instaura un juicio penal contra Temer, quien en ese caso sería suspendido de sus funciones durante seis meses.
Infobae
Por Confirmado: Gabriella Garcés
