La querella la presentó Dulce Lilibeth Bravo de Ocando, una ciudadana venezolana refugiada en Argentina desde 2013. El auto del 14 de enero señala que los hechos denunciados habrían ocurrido en Venezuela, fuera del territorio español, y afectaron a personas que no tienen nacionalidad española. Tanto Ortega como Rodríguez Torres fueron figuras de confianza de Hugo Chávez, aunque luego rompieron con el Gobierno de Nicolás Maduro
La Audiencia Nacional de España confirmó la decisión del juez Antonio Piña de no admitir la querella presentada por ciudadanos venezolanos contra la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, acusados de delitos de lesa humanidad, torturas y atentados contra la integridad moral.
El auto del 14 de enero señala que los hechos denunciados habrían ocurrido en Venezuela, fuera del territorio español, y afectaron a personas que no tienen nacionalidad española, lo que impide que la justicia española pueda investigar el caso. La decisión respalda así la postura del abogado defensor, Ismael Oliver.
En cuanto a la acusación por delitos de lesa humanidad, la Audiencia recuerda que estos crímenes requieren un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, y que en esta querella no se aportan pruebas más allá de recortes periodísticos, lo que no basta para abrir un proceso penal. El tribunal también aclara que la prensa no puede por sí sola transformar un relato informativo en una denuncia legal.
El auto añade que la Corte Penal Internacional ya investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, siendo este el foro adecuado para estas denuncias, dado que la jurisdicción universal española tiene carácter residual.
Tanto Ortega como Rodríguez Torres fueron figuras de confianza de Hugo Chávez, aunque luego rompieron con el Gobierno de Nicolás Maduro. Ortega se exilió en 2017 tras denunciar la disolución de la Asamblea Nacional y sufrir el registro de su domicilio por el Sebin. Actualmente reside en España.
Rodríguez Torres, exdirector de los servicios de inteligencia y exministro del Interior, también se distanció de Maduro y fue detenido por presuntos actos contra el Estado. Tras cinco años en prisión, logró salir gracias a gestiones diplomáticas y se exilió en España.