Luego de la aprobación expedita de leyes con las que el Ejecutivo busca frenar el alcance del Poder Legislativo, la nueva AN evalúa mecanismos para revertir acciones
Diputado explicó que el parlamento no puede incidir en las decisiones que tomará el Gobierno en materia cambiariaFoto: Archivo
Tras la derrota en las elecciones parlamentarias, el Ejecutivo pisó el acelerador para lograr en tiempo récord la aprobación de leyes -vía Habilitante-, designación de funcionarios y otras acciones, con las que buscaba preservar su control en materia política y económica a espaldas de la Asamblea Nacional (AN) con mayoría opositora.
En tan sólo 29 días- desde el 6 de diciembre hasta el 4 de enero- el oficialismo adelantó el nombramiento de 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reformó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Islr), del Régimen Cambiario y sus Ilícitos y del Banco Central de Venezuela (BCV).
Las estrategias evaluadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) luego de tomar el control de la AN apuntan a dos escenarios: ir tras el cambio de integrantes de organismos públicos (haciendo valer las facultades que le otorga la Constitución) o, de forma específica, modificar o derogar leyes y normativas.
En el primer apartado se inscribió la decisión- adoptada un día después de la instalación del nuevo parlamento- de revisar el nombramiento de los magistrados -principales y suplentes- hecho en diciembre.
En la segunda estrategia se busca poner la lupa a instrumentos polémicos como la reforma de la Ley del BCV.
De acuerdo con los economistas Orlando Ochoa y José Guerra- también diputado por la MUD- la Carta Magna será el único instrumento que le permitirá a la AN legislar a favor de medidas que contribuyan a solventar la crisis generada por una política económica al servicio de una ideología.
La reforma de la Ley del BCV -promulgada vía Habilitante- elimina la obligatoriedad de la AN de nombrar a dos de los seis directores del ente emisor, así como la facultad de refrendar la elección del presidente y el resto de la directiva. A partir de ahora, esta función sólo correspondería al jefe de Estado.
También estipula que la información sobre los índices macroeconómicos podrá ser secreta o confidencial en caso de que existiera una “amenaza” a la seguridad y la estabilidad de la nación.
Acciones
Ochoa apuntó que esta modificación contradice los artículos 318 y 320 de la Constitución, que obligan al máximo ente financiero a rendir cuentas ante el Poder Legislativo. A su juicio, la falta de control sobre el BCV ha permitido que el Gobierno pueda financiar el déficit fiscal imprimiendo billetes y provocando el alza desmesurada de la liquidez monetaria bajo un contexto de escasez.
“Imprimir billetes sin respaldo es la causa fundamental de la crisis y sin poder nombrar a los directores se deja carta blanca al Gobierno para que siga financiándose”.
Guerra apuntó que de acuerdo con lo contemplado en el numeral 8 de la disposición transitoria 4 de la Constitución, la Ley del BCV debe establecer “los términos de participación del Poder Legislativo Nacional en la designación y ratificación” de las autoridades del ente emisor.
“Se les olvidó ese detalle. La AN puede detener la maquinita de hacer billetes del BCV. Estamos sentados en una bomba hiperinflacionaria”.
Guerra no detalló cuándo se debatirán en el hemiciclo los cambios que revertirán los efectos de esta Habilitante, pero advirtió que es una prioridad.
El diputado Diosdado Cabello (Psuv) aseveró que tras la juramentación de los legisladores de Amazonas suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia, la AN está “viciada de nulidad absoluta” y ninguna ley aprobada saldrá en Gaceta Oficial.
Control y presión
El diputado y economista José Guerra explicó que el parlamento no puede incidir en las decisiones que tomará el Gobierno en materia cambiaria, pues sólo el Ejecutivo está facultado para ello. Sin embargo, acotó que la Asamblea sí puede hacer presión para que se tomen medidas al respecto lo más pronto posible. “ El control cambiario debe eliminarse ya”, dijo. Para Guerra, una economía con cuatro tipos de cambio es inviable y la única forma de recuperar la productividad es a través del ajuste de la tasa oficial.
Amenazas
La reforma de la Ley del BCV vía Habilitante agrega una modificación al artículo 37 mediante la cual el máximo ente emisor podrá otorgar créditos al Estado y a instituciones privadas cuando exista una “amenaza interna o externa” a la seguridad. Esta situación será calificada a través de informe confidencial realizado por el Presidente.
El Tiempo.com.ve
Fabiana Renzullo
