En presencia de los familiares de los presos de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro y en ausencia de la bancada del oficialismo, la mayoría opositora aprobó un acuerdo que pide a la OEA impulsar un movimiento diplomático hemisférico por la realización de elecciones en Venezuela.
«Nosotros queremos elecciones, no la expulsión de Venezuela de la OEA. Quien quiere que Venezuela sea expulsada es el gobierno. Nosotros queremos que Venezuela se quede en el sistema interamericano y se someta a sus mecanismos”, dijo el jefe de la bancada de la MUD, Stalin González (UNT-DC).
Señaló que el bloque opositor no favorece la aplicación del artículo 21 de la Carta Interamericana que establece la expulsión de los países que incumplan sus principios, sino el artículo 20 que indica las gestiones diplomáticas para devolver la institucionalidad al Estado en cuestión.
Agregó que la bancada llevará a cabo gestiones ante el Parlatino, el Parlasur y la Unión Interparlamentaria Mundial, en búsqueda de “aumentar la presión internacional a favor de que se convoquen elecciones este año en Venezuela», dijo González.
El acuerdo aprobado en plenaria también brinda el aval de la AN al segundo informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela; ratifica la ruptura del orden constitucional y pide que, como parte de los buenos oficios, también se incluyan gestiones para la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, el respeto a la AN, la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos.
Para promover la aprobación intervinieron Luis Florido (VP-Lara) y Julio Borges (PJ-Miranda). Florido expresó el agradecimiento de la oposición a Luis Almagro por “haberse echado al hombro” la crisis venezolana y destacó que la Carta Democrática tiene supremacía constitucional. Borges instó a los países de la región a que se sumen a la causa de las elecciones libres en Venezuela.
Al finalizar la discusión hizo acto de presencia Víctor Clark (PSUV-Falcón), quien solicitó el derecho de palabra, pero al negarse a firmar la lista de asistencia, no pudo ejercerlo. Fuera de la sesión, Clark acusó a la AN de “promover el intervencionismo extranjero” y dijo que su partido solicitará “todo el peso de la ley” para los diputados que impulsan las acciones de la OEA.
Prórroga negada. La plenaria improbó ayer la séptima prórroga del estado de excepción decretada por el Ejecutivo el pasado 13 de marzo. «El decreto está vigente desde hace un año y en ese lapso aumentó la inflación, cayó la economía y se disparó la pobreza», dijo José Guerra (Indep-DC). Mientras, el TSJ dictaminó ayer que dicha prórroga es constitucional, anuló la decisión de la AN del pasado mes de enero que rechazó la quinta prórroga y determinó que aun si la AN sale del desacato, todos los actos adoptados estando en desacato serán nulos.
El gobierno niega visita a la UIM. El secretario general de la Unión Interparlamentaria Mundial, Martin Chungong, informó a la directiva de la AN a través de una comunicación, que el gobierno de Venezuela y el PSUV rechazaron la entrada de la misión de verificación de la Comisión de Derechos Humanos de los Diputados al país, adscrita a ese ente. La visita estaba pautada para esta semana. Chungong informó además que uno de los integrantes de la misión no ha recibido la visa de parte del gobierno de Venezuela “a pesar de que fue solicitada con tiempo suficiente”.
Desde 2011 la oposición inició gestiones para que una misión de la UIM asista a Venezuela para constatar denuncias de ataques a los diputados venezolanos. Aunque la denuncia comenzó con la prisión de Biagio Pilieri y de José Montiel, a pesar de haber sido elegidos, se han sumado nuevos hechos contra los derechos de los parlamentarios venezolanos: el irregular desafuero de Richard Mardo y María Aranguren, la destitución de María Corina Machado, la golpiza contra diputados de la oposición en abril de 2013, el asalto al Parlamento venezolano en octubre de 2016, la suspensión de los sueldos de los diputados desde agosto pasado, la inconstitucional aprehensión de Gilber Caro y la suspensión de los pasaportes a Luis Florido y Williams Dávila, entre otros hechos.
El incidente más reciente contra las prerrogativas de los diputados se originó ayer mismo, cuando el bloque de la MUD denunció la anulación del pasaporte del jefe de la misión venezolana ante el Parlasur, Eudoro González (Anzoátegui). La medida viola el Protocolo del Parlamento del Mercosur en su artículo 2.
El Nacional
Por confirmado: Francys García
