La funcionaria de la Agencia Tributaria responsable de la inspección de las actividades económicas de la infanta Cristina a través de la empresa Aizoon ha asegurado este sábado ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, que no se ha sentido presionada al realizar el informe sobre la hija del rey.
En ese informe, la Agencia Tributaria exoneró a la Infanta Cristina de defraudar a Hacienda a través de la empresa Aizoon, cuya titularidad comparte al 50% con Iñaki Urdangarin, al alegar que no se le puede considerar partícipe o cooperadora necesaria de los supuestos delitos cometidos por su marido al frente de la mercantil.
La primera funcionaria de Hacienda que ha prestado declaración como testigo ha respondido a preguntas del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que no se ha sentido presionada en el trabajo en relación con la infanta Cristina que ha llevado a cabo en la instrucción de este caso, en labores de auxilio judicial, han informado a Efe fuentes jurídicas. Además, ha negado que doña Cristina cometiera delito fiscal.
En esta primera declaración se apreciaba tensión en la sala, dada la polémica surgida en los últimos días entre quienes consideran que existen indicios para imputar a la infanta y los que piensan que no los hay, según las fuentes consultadas.
La inspectora ha sido la primera en comparecer esta mañana, aunque su declaración estaba prevista después de otros dos funcionarios citados como peritos, y una vez que ha finalizado se ha producido un breve receso.
Posteriormente, la jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, que también ha declarado ante el juez, ha descartado que la hija menor del Rey blanqueara dinero obtenido ilegalmente por Nóos al realizar gastos personales con fondos de Aizoon.
El juez ha citado para las 16.30 horas a los dos inspectores de la Agencia Tributaria que declararán como peritos, así como al técnico en asesoría fiscal que elaboró un informe para el sindicato Manos Limpias -que ejerce la acusación popul
EL INFORME DE LOS INSPECTORES
Los inspectores de Hacienda pusieron de manifiesto en un informe que no existe «un sólo indicio incriminatorio» respecto a la hija del rey «más allá de ser titular en un 50% de la sociedad Aizoon». La AEAT sostiene que ni siquiera al inspeccionar la actuación «fraudulenta y evasora» del Duque de Palma, a quien Hacienda atribuye el impago de más de 240.000 euros entre 2007 y 2008 del IRPF, se desprenden indicios de cooperación o complicidad por parte de su mujer.
Sin embargo, a juicio de la Audiencia Provincial de Baleares, que en mayo de 2013 abrió la vía para que la Infanta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios de Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos -que a su vez percibió, de forma presuntamente irregular, ingentes cantidades de dinero público- así como de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda a través de la empresa de la que ambos son cotitulares.
PARA QUE PUEDAN RECTIFICAR
Los peritos de la AEAT, citados a petición de la Fiscalía Anticorrupción a fin de que puedan someter a ratificación o contradicción sus informes, deberán arrojar luz asimismo en torno a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una de las sociedades instrumentales del exsocio de Urdangarin Diego Torres, a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a la infanta puesto que el importe no habría sido declarado en el impuesto de sociedades.
De hecho, en el auto por el que Castro citó como imputada a la Duquesa, cuya comparecencia está prevista el próximo 8 de febrero, el juez recoge las afirmaciones efectuadas por la propia Agencia Tributaria en el sentido de que tanto Intuit como Aizoon carecían de la estructura empresarial necesaria para poder acometer y ejecutar los trabajos que constan como concepto en las facturas -servicios de asesoramiento y consultoría-, formaban una única empresa sometida a unidad de decisión y eran «instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos».
Tanto es así que el magistrado asevera no poder calificar como deducibles, a efectos de la liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2007, gastos que «sólo vienen pretendidamente amparados por documentos en los que concurren tan serias y graves irregularidades indiciarias de delito». Así, partiendo de que los 69.900 euros no son deducibles como gastos generados para que Aizoon pudiera obtener los ingresos que fueron declarados ese año, la liquidación arroja una cuota superior a 120.000 euros «y, por ende, indiciaria de la comisión de un delito fiscal».
«VINCULADOS» A URDANGARIN
Hacienda, sin embargo, sí apunta a que Urdangarin utilizó Aizoon como pantalla para defraudar a Hacienda, si bien desvincula a su mujer de las presuntas irregularidades. En uno de sus informes, la AEAT desgrana los servicios que por 1,6 millones de euros facturó el Duque a través de la anterior sociedad a pesar de estar «íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin», sin mencionar a la hija del Rey entre las operaciones llevadas a cabo para poder beneficiarse de un tipo impositivo inferior en la declaración del IRPF.
Precisamente, en relación a esta línea de investigación serán interrogados los administradores de las empresas que pagaron al Duque por presuntos servicios de asesoría. La AEAT incide en que únicamente fue Urdangarin quien, a través de Aizoon, percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de la mercantil cuya titularidad comparte con su mujer con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.
Fuente: HP
