Desde 2005, cuando el oficialismo tomó el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno.
Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol se tomaron el trabajo de analizar el comportamiento de cada una de estas salas. Las conclusiones, que revelan que en los últimos nueve años no hubo fallos contra el chavismo, fueron publicadas en el libro El TSJ al servicio de la revolución: la toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013).
“La Sala Constitucional nunca condenó al Presidente por haber violado un derecho constitucional. En nueve años de un transitar político conmocionado y polémico, que ha tenido consecuencias palpables en la vida de muchas personas (asesinadas, encarceladas, exiliadas, perseguidas, despedidas), no deja de sorprender que en ninguna ocasión haya declarado con lugar un amparo constitucional ejercido contra el Presidente”, indica el libro.
De hecho, los autores remarcan que la Sala Constitucional no se concibe a sí misma como un contrapeso a los poderes públicos, sino que hay una “colaboración”. “En la práctica no es más que una burda genuflexión ante el Ejecutivo”, asegura el abogado Canova.
En cuanto a la Sala Político Administrativa, se demuestra que nunca ha cuestionado alguna política pública del Gobierno, como las expropiaciones de industrias o empresas, el rescate de tierras para fines agrarios, la intervención del Gobierno en la economía, las estatizaciones o los controles de divisas, costos y precios, según recoge el mencionado periódico. Por último, de la Sala Electoral se afirma que en ocho de cada nueve sentencias el oficialismo resulta beneficiado.
“Antes, el 40% de las demandas contra el Estado eran declaradas con lugar. Ahora, en litigios patrimoniales la mayor indemnización que se alcanzado es por 180.000 dólares, en un caso que el demandante aspiraba a millones”, asegura Canova. “La diferencia es que ahora hay un componente de politización que lleva al desconocimiento de principios democráticos, derechos humanos y degenera en hostigamiento judicial”, agrega Herrera.
El libro indica que “tras la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, las evidencias de politización del TSJ se han hecho más explícitas y radicales”. En ese sentido, se recuerda que Chávez nombró al actual presidente Nicolás Maduro como su sucesor. El 9 de enero de 2013, el TSJ avaló que ante la imposibilidad de que Chávez se juramentara como presidente reelecto el 10 de enero, Maduro debía ocupar el cargo, algo que fue duramente cuestionado por la oposición.
Por otro lado, la Sala Constitucional condenó a prisión y destituyó a los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y de San Cristóbal, Daniel Ceballos, a pedido manifiesto del gobierno de Maduro. Además, determinó que el derecho constitucional a la manifestación pacífica está sujeto a previa autorización, pues, de lo contrario, acarrea sanciones penales.
Fuente: Infobae
