La Corte de Casación de Francia confirmó este jueves que el organismo alemán TUV fue responsable de certificar las prótesis mamarias defectuosas de la marca PIP, que afectaron a miles de mujeres en el mundo, muchas de ellas de América Latina y España.
La máxima instancia judicial francesa revisó cuatro sentencias de apelación sobre varios casos relacionados con este escándalo, que se destapó en 2010, y ratificó el punto clave de varias de ellas, que se referían a la indemnización de las víctimas.
“La empresa TUV Rheinland (…) no cumplió con sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional (y) la responsabilidad profesional de la empresa TUV Rheinland France quedó demostrada“, indicaron los magistrados en sus fallos, consultados por AFP.
Caso sin fecha límite
Además, la corte determinó que la responsabilidad no podía limitarse al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 6 de abril de 2010, al contrario de lo decidido por el tribunal de apelación de París.
Esa limitación había llevado a desestimar las demandas presentadas por centenares de víctimas (sobre todo colombianas, venezolanas e inglesas) que reclamaban ser indemnizadas.
También anuló un fallo en apelación pronunciado en Versalles que rechazaba las demandas de indemnización presentadas por más de 200 mujeres residentes en Suecia.
Gel no apto para uso médico
El caso estalló en 2010 cuando el regulador francés detectó una tasa anormal de ruptura de estas prótesis, fabricadas por Poly Implant Prothèse (PIP), hechas con un gel de silicona no homologado para uso médico.
Miles de mujeres de todo el mundo se habían implantado estas prótesis, muchas de ellas en América Latina, y hubo denuncias en Argentina, Brasil y Venezuela, entre otros países.
El fallecimiento en 2019 de Jean-Claude Mas, fundador de PIP, puso fin a los procedimientos contra la compañía francesa, pero los procesos contra el certificador alemán, que no señaló las fallas, continúan.
Igualdad para las víctimas
Olivier Aumaître, abogado de unas 15.000 víctimas, se mostró satisfecho por el hecho de que la Corte de Casación confirmara “el principio de responsabilidad de TUV” y permitiera que “el proceso de indemnización continúe con normalidad para las víctimas”.
“Estas decisiones permitirán unificar las decisiones pronunciadas para que todas las víctimas estén en igualdad“, agregó el abogado en un comunicado.
“El gran ausente aquí es PIP, se está buscando a una empresa que valida los procedimientos industriales (TUV), pese a que es PIP quien cometió el engaño“, señaló la abogada de TUV, Christelle Coslin, asegurando que quedan “muchas cuestiones” por resolver y que aún hay “miles de exámenes periciales en curso”.
Controles insuficientes
TUV certificó las prótesis antes de su comercialización y luego realizó trece controles en los locales de PIP entre 1997 y 2010, sin constatar que se estuviera incumpliendo con la normativa.
Casi un millón de esas prótesis defectuosas se vendieron en todo el mundo entre 2001 y 2010 y se calcula que habría unas 400.000 víctimas, sobre todo en América Latina.
La asociación de víctimas Pipa cifró en unas 35.000 las denunciantes en todo el mundo y aseguró que el certificador alemán podría verse obligado a abonar finalmente 500 millones de euros (545 millones de dólares).
En febrero de este año, el tribunal de apelación de Aix-en-Provence (sur) condenó a TUV Rheinland a indemnizar a trece mujeres —una colombiana, dos españolas, dos británicas y ocho venezolanas— a montos de 7.000 a 37.135 euros (entre 7.640 y 40.535 dólares).
Tras el escándalo, más de la mitad de las 30.000 francesas que llevaban esos implantes pidieron que se los retiraran. De estas, 7.500 sufrieron efectos indeseados (derrame del gel, infección, inflamación…), según un balance de las autoridades sanitarias de 2015.
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