Un juez del Tribunal Supremo español acordó hoy retirar las Ordenes Europeas de Detención dictadas contra el expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su Gabinete que huyeron con él en Bruselas.
Los cinco dirigentes se instalaron en la capital belga hace varias semanas mientras la Justicia española actúa contra todos los integrantes del Ejecutivo autonómico catalán, cesados por el Gobierno español el 27 de octubre por impulsar un proceso independentista.
El juez Pablo Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió contra ellos la Audiencia Nacional porque ahora todo el caso lo lleva él y se requiere una única actuación.
De lo contrario «podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes», asegura en su actuación.
Fuentes del Supremo explicaron a Efe que la decisión de Llarena debe interpretarse en dos líneas: la primera es evitar que la Justicia belga limite en alguna medida en su fórmula de entrega a España los posibles delitos que se puedan imputar al líder independentista y sus correligionarios.
La otra es que sigue vigente la orden nacional de detención, de modo que en el momento en que estos políticos decidan entrar en territorio español sean detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso secesionista.
El caso de los exgobernantes catalanes fue llevado en primer lugar por la Audiencia Nacional española y la jueza Carmen Lamela ordenó la detención e ingreso en prisión de todos ellos por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Con posterioridad, Llarena ha asumido todos los sumarios sobre el secesionismo que estaban en varios juzgados y ahora considera que se deben retirar las órdenes que lanzó la jueza Lamela. Los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las órdenes europeas de detención y entrega -en el caso de Puigdemont y cuatro exconsejeros- se emitieron el 3 de noviembre de 2017.
Ahora se ha planteado un nuevo escenario, dice el juez Llarena, porque con posterioridad a la emisión de las órdenes, además de plantearse ese posible concierto entre todos los investigados para los hechos delictivos, estos «parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado».
Puigdemont encabeza la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 21 de diciembre, con la presencia también en las listas de varios de sus antiguos consejeros.
El temor del magistrado español es que el Estado belga «restrinja en su entrega de los detenidos a determinadas imputaciones, negando otras» y ello dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones.
También perturbaría la defensa de los investigados que sí están a disposición de la Justicia española, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en «peor derecho que quienes se encuentran fugados».
Este lunes Llarena dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros a seis exconsejeros del Gobierno catalán y dejó a dos en prisión ante el riesgo de que pudieran reiterar su supuesta actuación delictiva con consecuencias «graves».
Por ello, en el estado actual de las actuaciones, el magistrado considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención y renunciar a la petición de colaboración que comportan por parte de la Justicia belga.
EFE
