La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), informó este jueves que han identificado a 1.084 personas que permanecen detenidas por motivos políticos.
«Continúa la ola de detenciones arbitrarias que derivan en desapariciones. Este mecanismo instala un vacío absoluto de garantías al tiempo que instala un régimen de incertidumbre permanente para los familiares, que desconocen el paradero y las condiciones de sus seres queridos», indicó la organización.
JEP explicó que dentro de la mencionada cifra figuran 42 ciudadanos extranjeros y 49 con doble nacionalidad detenidos por motivos políticos. Revelan, ademas, no solo la extensión internacional del patrón represivo, sino también el riesgo diplomático y humanitario que implica mantener bajo custodia a personas que, en muchos casos, no cuentan con redes de protección local.
«La situación de todas estas personas se agrava por la falta de información oficial, el aislamiento y la imposibilidad de acceder a representación consular o jurídica adecuada. Este tipo de detención vulnera tratados internacionales y convierte al sistema penitenciario en un espacio de desarraigo absoluto, donde la identidad y los derechos del detenido se diluyen en la opacidad institucional», precisan los activistas.
Indican que en el caso de los 91 presos políticos con enfermedades graves, el deterioro físico progresivo que enfrentan no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural.
«La negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres constituyen una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal. Cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
Se conoció que dentro de los 1.084 presos políticos identificados, están incluidos cinco menores de edad, con el agravante de que uno de ellos ha recibido una condena de diez años por cargos de terrorismo, lo cual representa una fractura ética profunda en el deber de protección que el Estado debe garantizar.
«Someter a adolescentes a procesos penales desproporcionados y condiciones carcelarias que comprometen su desarrollo físico y emocional, no solo vulnera principios básicos del derecho internacional, sino que perpetúa una lógica de criminalización precoz que destruye proyectos de vida. La infancia no puede ser tratada como amenaza: debe ser defendida como territorio sagrado de cuidado, reparación y futuro. En términos de derechos humanos, estas detenciones configuran una cadena de violaciones: privación arbitraria de libertad, desaparición forzada, negación del debido proceso y exposición a condiciones de riesgo extremo», explico JEP.
A manera de cierre Justicia, Encuentro y Perdón anuncia que seguirá documentando y denunciando este patrón, esencial para visibilizar que no estamos frente a hechos aislados, sino ante una política sistemática que busca quebrar la resistencia social y política mediante el uso del terror como herramienta de control. –
