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La Justicia rusa rechazó hoy el recurso presentado por los abogados del líder opositor, Alexei Navalny, contra su arresto por 30 días después de ser enviado a prisión preventiva el pasado 18 de enero tras su regreso a Rusia.
El Tribunal de la Región de Moscú consideró que el arresto es legal, por lo que el opositor deberá permanecer en la prisión de Matrósskaya Tishiná hasta el 15 de febrero.
“Esto es una gran violación de la ley. Lo que ocurre es simplemente imposible. ¿Cómo un detenido puede estar en prisión preventiva?”, dijo Navalny, que participó en la vista por videoconferencia.
La Fiscalía defendió la detención del opositor el día 17 en un aeropuerto moscovita a su regreso de Alemania y el envío posterior a prisión de Navalny, que afronta el 2 de febrero un juicio en el que podría ser condenado a 3,5 años de cárcel por un antiguo caso penal.
El servicio penitenciario recordó hoy que el opositor incumplió su obligación de personarse ante la autoridad, aduciendo que antes de caer en coma tras ser envenenado con el agente químico Novichok, había infringido ese norma en seis ocasiones, sólo en 2020.
Por ello, insiste en pedir al tribunal que convierta la pena suspendida dictada contra Navalny en 2014 en una real, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en su momento dicha sentencia al considerarla “arbitraria”.
Mientras, las fuerzas de seguridad lanzaron anoche una operación especial de registro de los domicilios y oficinas, y detención de los principales aliados de Navalny, incluido su hermano Oleg y la “número dos” del opositor, Liubov Sóbol.
Las autoridades acusan a los correligionarios de Navalny de vulnerar las normas sanitarias durante las multitudinarias protestas del sábado pasado, donde fueron detenidas casi 4.000 personas.
Además, también abrieron un caso penal por llamar a participar en dichas manifestaciones no autorizadas a menores de edad, 300 de los cuales también fueron detenidos.
La oposición ha convocado una nueva jornada de protestas para el domingo, que en el caso de Moscú arrancará ante la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), al que Navalny acusa de su envenenamiento por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.
La policía rusa, cuyo desproporcionado uso de la fuerza en las protestas del pasado sábado ha sido criticado por Occidente, ha advertido este jueves de graves consecuencias en caso de que los partidarios de Navalny sigan adelante con las nuevas marchas.
