La justicia de Curazao declaró ejecutable en su jurisdicción la sentencia de un laudo, presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en contra de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Bariven, la empresa encargada de las adquisiciones en el exterior.
El caso se originó ante el incumplimiento del pago de las obligaciones contraídas mediante contrato con ArcelorMittal International Luxemburgo SA, por parte de la estatal venezolana. El reclamo interpuesto inicialmente ante la corte de París indica que Venezuela adeuda 14,6 millones de dólares, de acuerdo con una nota del portal de noticias curazoleño Crónicas del Caribe.
No obstante, ante la falta de resultados ArcelorMittal recurrió a Credendo, una empresa con sede en Bruselas, que ofrece servicios como la administración de riesgos para corporaciones radicadas en Europa.
Credendo presentó la reclamación ante la Corte Internacional de Arbitraje en mayo de 2017, dos años después, esa instancia le dio la razón. Además, ordenó la cancelación de la suma exigida, más costos judiciales e intereses de la deuda no cancelada.
Embargo de las cuentas de Bariven
Crónicas del Caribe señaló que no es la primera solicitud de empresas foráneas a Curazao para intentar la ejecución de laudos en contra de PDVSA y sus fliliales. En ese sentido, recordó la reclamación de la corporación militar estadounidense Huntington Ingalls para embargar el crudo de PDVSA, almacenado en la refinería Isla y en el terminal marítimo de Bullenbaai, debido al impago de los trabajos para la repotenciación de las fragatas misilísticas.
En el caso de la nueva reclamación interpuesta por Credendo, la solicitud es para ejecutar el embargo preventivo de las cuentas de Bariven en el ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank UA, ABN Amrobank NV, Deutsche Bank AG y NIBC Bank NV. Además, Credendo quiere confiscar las acciones que Bariven posee en el capital de PDVSA Services BV en La Haya.
La audiencia por este caso fue celebrada en Curazao en julio, en un tribunal presidido por el magistrado Pieter de Kort. Bariven no envió ningún representante legal.
De acuerdo con la información de las autoridades judiciales de la isla, la deuda ya asciende a 25 millones de dólares.
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