Aseguran que se trata de una acción de nulidad absoluta, ya que se produjo “sin procedimiento Administrativo alguno y sin ningún tipo de audiencia”
A través de un comunicado conjunto emitido este lunes, la Asociación Nacional de Juristas de Venezuela (Jurisven) y Juristas Iberoamericanos En Línea rechazaron de forma contundente lo que calificaron como “inconstitucional y violatoria de los derechos políticos y humanos de los venezolanos” inhabilitación emprendida contra María Corina Machado.
Aseguran que se trata de una acción de nulidad absoluta, ya que se produjo “sin procedimiento Administrativo alguno y sin ningún tipo de audiencia”.
Explican que el artículo 19, ordinal 4, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) dice: “Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”.
En el texto señalan que la Contraloría General de la República ha difundido, por intermedio del diputado José Brito, que María Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, tras una investigación patrimonial en la que, aseguró la institución, se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.
Además, señaló que la opositora participó de la «trama de corrupción orquestada» por el exdiputado opositor Juan Guaidó, que propició el «bloqueo criminal» a Venezuela, así como también el «despojo descarado» de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la «complicidad de gobiernos corruptos».
Instan al contralor a revocar la inhabilitación
Sin embargo, el grupo de legalistas resalta que “no hay prueba alguna que avale los alegatos de dicha inhabilitación. Por lo tanto, instan al Contralor General de la República, Elvis Amoroso, a revocar dicha inhabilitación de María Corina Machado de manera inmediata.
Para ello, recuerdan lo estipulado en el artículo 83 de la LOPA: “La administración podrá en cualquier momento, de oficio, o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella”. En tanto que en el artículo 65 dice: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Y ocurre que “no hay delito, ni sentencia firme, por lo que no puede haber inhibición alguna ni por la Asamblea Nacional, ni por la Contraloría General de la Republica”.
Por lo tanto, expresan que “dicha decisión es arbitraria y contraria al Estado de Derecho. Vulnera derechos políticos y civiles elementales, incluidos los estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido por un pueblo soberano”.
Por tanto, la Asociación Nacional de Juristas de Venezuela (Jurisven) y Juristas Iberoamericanos En Línea “impugnamos dicha decisión y exigimos que las condiciones necesarias sean claras y transparentes, para que Venezuela tenga elecciones justas y libres, para poder elegir en democracia, durante las elecciones presidenciales de 2024”.
EC
