Gabriela Zapata, deberá permanecer con detención preventiva en la cárcel para mujeres de Obrajes en la capital boliviana
Una jueza en Bolivia ordenó la reclusión preventiva en una cárcel de Gabriela Zapata Montaño, la ex pareja del presidente Evo Morales, a quien el Gobierno ha acusado de supuesta legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La jueza Margot Pérez ordenó la detención preventiva de Zapata en la cárcel para mujeres de Obrajes, en La Paz, en una audiencia cautelar celebrada hoy en esta ciudad, sede del Gobierno.
La Fiscalía pidió que la empresaria sea encarcelada ante un posible riesgo de fuga, argumento aceptado por Pérez.
Zapata fue arrestada el viernes, dentro de una acusación que le hizo el Gobierno de Bolivia por los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y que incluye a dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia.
Además, se le acusa de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y complicidad en el uso indebido de influencias.
La empresaria fue pareja del presidente Morales entre 2005 y 2007 y de esa relación nació un niño.
El gobernante ha asegurado que el menor falleció poco después de nacer, pero una tía de Zapata y su abogada afirmaron en las últimas horas que el niño está vivo.
Zapata fue hasta hace una semana la gerente comercial en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering (Camce), que en los últimos años firmó contratos con el Gobierno de Morales por valor de 566 millones de dólares, la mayoría por invitación directa tras haberse descartado licitaciones.
La relación del gobernante y la empresaria y los contratos de Camce con el Estado derivaron en una denuncia del periodista Carlos Valverde sobre un supuesto tráfico de influencias, que el mandatario y su ex novia han negado.
El Gobierno boliviano rescindió uno de los contratos con la empresa china alegando el incumplimiento de la obra y le sancionó con el cobro de unas garantías bancarias por 22,8 millones de dólares, además de prohibirle presentarse a nuevas licitaciones estatales en los próximos tres años.
GDA/ EL COMERCIO/ PERÚ
