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Juez español levanta cuarentena preventiva de 200 estudiantes vinculados con macrobrote en Mallorca

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Juez español levanta cuarentena preventiva de 200 estudiantes vinculados con macrobrote en Mallorca




 Una jueza española levantó este miércoles el confinamiento obligatorio de unos 200 jóvenes aislados en hoteles tras un brote de covid-19 en la isla mediterránea de Mallorca, y decidió mantenerlo para otros 68 que sí habían dado resultado positivo en las pruebas víricas.

 

 

La magistrada rechazó la decisión de las autoridades regionales insulares de aislarlos al no haberse acreditado que se trate de contactos estrechos con los contagiados según “un criterio concreto y determinado”, no genérico, informó el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

 

 

Más de un millar de jóvenes procedentes de otras regiones españolas se infectaron durante celebraciones de fin de curso en las islas Baleares.

 


Según el auto judicial, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se han sometido a la prueba diagnóstica, no se considera proporcionada la orden de confinamiento por limitar un derecho fundamental como es la libertad de movimientos.

 

 

“El confinamiento -argumenta la juez- debe producirse no por potencial diagnóstico, sino por haber un diagnóstico cierto, es decir, un PCR positivo”.

 

 

Otra justificación del aislamiento sería, dice la magistrada, “un diagnóstico muy probable de quien haya sido contacto directo (de un infectado), continuado y sin las debidas protecciones, que aún dando negativo pueda considerarse, de acuerdo a criterios médicos, un contacto estrecho y poder desarrollar la enfermedad en los siguientes días”.

 

 


El Gobierno regional de Baleares resolvió “el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento, bajo custodia policial” de los más de 200 estudiantes que seguían de viaje en Mallorca.

 

 

Los consideró contactos estrechos de los que habían dado positivo al regresar a sus lugares de origen y consideró que había un diagnóstico “potencial” de infección.

 

 

La madre de uno de los jóvenes denunció por retención ilegal a las autoridades regionales, y la Fiscalía también se opuso al aislamiento forzoso.

 

 

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