El magistrado Cormac J. Carney consideró que la manera en la que el estado aplica la pena de muerte conlleva excesivos retrasos y deja a los condenados en un estado de incertidumbre.
Carney destacó en la resolución que emitió en el caso de Dewayne Jones, quien fue condenado a morir hace más de dos décadas por violar y matar a la madre de su novia, que desde 1978 más de 900 personas han sido condenadas a la pena capital en California y sólo 13 han sido ejecutadas.
«Para el resto, la administración disfuncional del sistema de la pena de muerte en California ha resultado y continuará resultando en un periodo de retraso desordenado e impredecible previo a su ejecución», dijo el magistrado.
El juez aseguró que los retrasos han creado un sistema en el que «factores arbitrarios, más que factores legítimos, como la naturaleza del crimen o la fecha de la sentencia, determinan si un individuo será ejecutado».
Al revocar la condena de muerte de Dewayne Jones en una decisión que puede ser apelada, Carney señaló que el preso enfrentaba «una incertidumbre total» si iba a ser ejecutado.
Según destaca desde Los Ángeles el periodista de BBC Mundo Jaime González, activistas han señalado que esta es la primera vez que un juez declara inconstitucional el actual sistema de pena de muerte de California.
Desde 2006 ningún preso ha sido sometido a la pena capital en California, después de que un juez paralizara la ejecución de un condenado por asesinato, debido a su precoupación por la administración de la inyección letal.
BBC
