Este régimen sabe que en una elección limpia, justa y autentica jamás ganaría
Lo peor que le pudiera pasarle a la oposición es convertirse en un gobierno en el exilio
Lo oposición se encuentra en una nueva encrucijada impuesta por el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia, organismo que decisión suspender las Direcciones Nacionales tanto de Acción Democrática como de Primero Justicia cara a una elecciones parlamentarias que quiere organizar con el CNE que eligió a dedo y con los partidos comandados por las ad hoc. Ahora el ciudadano de a pie, ese que todos los días tiene que enfrentar su realidad se pregunta ¿y ahora qué?
Por eso confirmado.com quiso pulsar la opinión de Juan Manuel Raffalli, destacado abogado constitucionalista graduado en la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor del IESA, Monteavila y UCAB. Diputado suplente de la en el Asamblea Nacional y asistió a la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro.
-¿Es ajustado a la norma las decisiones tomadas por el TSJ contra los partidos AD y Primero Justicia?
–Ni a la Ley de Partidos Políticos ni a la Constitución de la República, incluso tampoco se ajusta a las previsiones, acuerdos y tratados internacionales de derechos civiles y políticos que por mandato de la carta magna tienen aplicación preferente y directa en Venezuela. Vulnera el derecho a la participación y afiliación política; el de elegir el liderazgo natural de una fuerza política; el derecho a participar en los procesos electorales con sus símbolos como parte del derecho constitucional a la identificación. Simplemente le quitan los símbolos a los líderes naturales de las organizaciones políticas y se le dan a personas que, incluso viniendo de sus filas no representa ese liderazgo natural.
Es una intervención y un secuestro de esos partidos en cuanto a sus formas porque el contenido los constituye la militancia, para darle legitimidad a un proceso comicial que a todas luces será espurio y fraudulento desde el momento mismo que las fuerzas políticas opositoras no pueden presentarse con sus símbolos, sus candidatos y en condiciones de competitividad.
De manera que esas decisiones son absurdas, y peor si se consideran cautelares, es decir medidas preventivas en una sentencia de fondo sobre el asunto que está planteado. Nótese que todo lo que ha sido el sistema de desacato que se le ha lanzado encima a la AN para inmovilizarla, se logra a través de una medida de amparo cautelar sin que se haya resuelto el fondo del asunto después de más de 4 años. Y ahora con los partidos ocurre lo mismo: simples medidas cautelares que no pueden pronunciarse sobre el fondo y dañar la situación de las partes durante el proceso, y se dictan para generar un daño prácticamente irreparable en ese proceso que conoce la sala constitucional en este caso. De manera que por la naturaleza del fallo, el contenido y el fondo mismo de lo que implican estas decisiones, pues son absolutamente reñidas con la Constitución, la Ley de reuniones y partidos políticos y los tratados y acuerdos internacionales en materia derechos civiles y políticos.
¿Según su criterio, cuál es el trasfondo de esta decisión?
–El trasfondo de todo esto es pretender vaciar a los partidos de su derecho a la identificación política, eliminar sus símbolos y crear una ficción electoral con una oposición a la medida, y con ello buscar la apariencia de legitimidad de un proceso electoral.
Se equivocan porque este tipo de actitudes y ataques a los partidos políticos vía intervención judicial, su inhabilitación al igual que sus candidatos, y la designación de los rectores del CNE, usurpando funciones de la Asamblea Nacional,por más de que se trate de buscar este tipo de elemento de apariencia, en el fondo se sabe que las elecciones serian ilegitima.
Ahora, si la oposición decide montarse en esto e ir con una tarjeta única para participar en las parlamentarias, ello no convalidaría todo el proceso espurio que se ha hecho salvo que acepte los resultados. Tengo la impresión de que incluso con esa posibilidad, irían bajo protesta. Estamos de nuevo viendo las reacciones internacionales señalando que lo que está haciendo el TSJ es acabando con la competitividad electoral y con el derecho a la participación política de las organizaciones opositoras con más fuerza.
Hasta ahora han afectado a 8 partidos: Primero Justicia, Acción Democrática, Podemos, Causa R, etc. Una lista larga. Pero en el caso de Voluntad Popular se está planteando además por vía judicial tratamiento como grupo terrorista. La sala constitucional declinó la competencia y le pasa las actuaciones a la sala penal, es decir se va a manejar como un tema pena originario. Esto es un indicativo general de que no estamos en una democracia constitucional occidental vigorosa.
En las democracias constitucionales los cuerpos subversivos e irregulares como la FARC, son convertidos en partidos políticos. En las dictaduras o regímenes totalitarios se trata de evitar que los partidos de oposición compitan como partidos políticos, se les estigmatiza, ilegaliza y se les llaman grupos subversivos. Y esto último es lo que aquí está pasando en Venezuela. No estamos en un esquema de democracia constitucional funcional, si no en un juego de apariencia con un secuestro del sistema electoral como elemento legitimador del ejercicio de la función pública por parte de quienes resulten favorecidos por el voto popular.
-¿Cómo la calificaría?
–Estas son decisiones políticas y no jurídicas, es decir, jurídicamente son impresentables. Son tales las aberraciones que se cometen que no se pueden presentar como una pieza de derecho. Pensar que se acaba con la reserva legal y las competencias de la AN; se acaba con la participación política y el derecho a la identificación y con la posibilidad de acceso a un proceso electoral auténtico y competitivo. Con estos elementos ya es suficiente para descartar la juridicidad de todos estos fallos. Por esto son sentencias políticas inconvenientes y nefastas para la democracia y jurídicamente impresentables, que benefician a una parcialidad, que justamente es el régimen que está ejerciendo el poder.
–¿Cuál sería el camino judicial o político que deberían tomar las Direcciones Nacionales de los partidos depuestos?
–A los partidos a los cuales se les ha arrebatado sus símbolos y creo que elementos materiales como las sedes, no solamente AD y PJ sino todos los demás, lamentablemente no tienen ningún camino jurídico que recorrer dentro de Venezuela. Les queda la denuncia internacional, porque en el país la sala constitucional es la instancia de más alto nivel y sus decisiones no son apelables. Si hubiese sido una decisión de la sala electoral le correspondería la sala constitucional pero sabemos que son todos perros del mismo barrio y caimanes del mismo pozo.
La vía jurídica para este tipo de decisiones políticas no está disponible ni van a tener ninguna utilidad. De nada serviría interponer un amparo ante la sala constitucional, electoral o cualquier otro juzgado porque, además que va a haber problemas de competencias no me vemos que fallen a favor de la oposición. Esto deja solamente abierto el camino político a través de denuncias dentro y fuera del país, estrategias de protestas e incluso plantearse la posibilidad de acudir con una tarjeta no contaminada o única y participar bajo protesta para tratar de ganar en este terreno. Lo grave es que cuando se pierde la confianza en el voto y en la protesta, los caminos políticos se dificultan enormemente.
-¿Es legal que se convoquen elecciones con todo este escenario político gestionado desde el TSJ?
–La convocatoria de elecciones viene determinada por la fecha de inicio de los periodos constitucionales de los cargos de elección popular, en consecuencia el problema no es la convocatoria, las elecciones parlamentarias deberían organizarse como siempre en el mes de diciembre, el problema es que se han generado condiciones para que lo que se convoque no sea unos comicios auténticos, es decir con una ruta electoral aceptada por la partes y con todos los partidos políticos habilitados para participar en la contienda electoral y que asuman lo que más votos o más representantes en el Parlamento obtengan .
No es un problema de legalidad de la convocatoria, es un problema de condiciones electorales y de violación de la Constitución, de las leyes y los acuerdos internacionales para lograr unas elecciones que se ajusten a los estándares de elecciones competitivas y de integridad electoral. La convocatoria a unos comicios que no son auténticos no es una convocatoria. Aquí está el problema, y creo que de eso se va a agarrar la oposición para tratar de extender el mandato a los parlamentarios que fueron electos en el 2015.
-¿Y es legal que en las presuntas elecciones las directivas ad hoc designadas por el TSJ utilicen los símbolos y sedes de esos partidos?
–Eliminarle a un partido la disposición de su tarjeta, sus símbolos y sedes y entregárselas a unos líderes que van a disponer de ellos sin considerar la militancia, es sin lugar a dudas un atropello a todos los derechos que ya mencioné desde el punto de vista político previsto en la Carta Magna, leyes y acuerdos y tratados internacionales.
Por lo tanto no es legal que esas tarjetas se las entreguen a quienes no tienen legitimidad para dirigir los partidos, porque estos están conformados por una militancia y liderazgo natural. Quiénes están en estas imposturas por vía judicial no deberían tener el derecho de utilizar los símbolos, tarjetas y sedes.
-¿Cuál según usted, serían las razones del chavismo-madurismo de usurpar los partidos de la oposición?
–La finalidad de todas estas tropelías es generar una supuesta apariencia de competitividad electoral. Hacer ver que en el tarjetón están participando varios partidos e incluso tratar de timar a los posibles votantes menos informados que se pueden presentar en los comicios y sellar las tarjetas de AD o de PJ. Esto es una defraudación al libre consentimiento de los electores y a la militancia de esos partidos. Pero que sí está claro es que esta apariencia o velo de legalidad no la van a lograr porque todo lo han hecho de una manera tosca y atropellada.
Este régimen sabe que en una elección limpia, justa y autentica jamás ganarían porque más de 7 de cada 10 venezolanos no votaría por ellos. Por eso están haciendo todo esto con los partidos políticos, llegando a acuerdos con una supuesta oposición que calificamos de dócil y que está plegada a generar una elección aparente. Sin embargo, todo el mundo dentro y fuera del país está consciente de que estas elecciones disfrazadas es puro teatro.
Debo señalar que el tema no solo es la usurpación y secuestro de los símbolos de los partidos, aquí hay algo muy grave y es que una vía inapropiada como es la omisión legislativa, se ha desaplicado un conjunto de normas en materia de representación proporcional que está en la ley de partidos políticos y se le ha otorgado el acta de revisión de esas normas y su sustitución por unas nuevas al CNE, cuando de acuerdo a los artículos 185 y 187 de la Constitución, solo la Asamblea Nacional puede legislar en materia electoral.
De nuevo hay una defraudación de la Constitución para saltarse ese impedimento de modificar de la Ley Electoral con por lo menos seis meses de antelación a la fecha de las elecciones. Se entiende que lo están haciendo para tratar de evitar la sobre representación que ellos mismo pusieron en el 2010 para quedarse con toda la Asamblea, y que después en el 2015 se les vino encima y la oposición con un poco menos del 60% se alzó con dos tercio. Ahora lo que quieren es privilegiar las listas en detrimento del voto personalizado, y le dan la competencia para ello al CNE sustrayéndosela de manera inconstitucional a la Asamblea Nacional.
–En caso de darse las parlamentarias, ¿qué debería hacer la oposición?
–La oposición en esto momento no la tiene fácil. Pareciera que la decisión esta cantada porque si le quitan a los partidos sus tarjetas y símbolos, persiguen y asilan a los candidatos naturales a las diputaciones, el liderazgo opositor se encuentra acorralado y designan un CNE a dedos, la posición a sostener es la que ya ha anunciado el G4 y otros partidos opositores de rechazar su participación en la farsa electoral.
Ahora el otro camino sería tomar el guante, sorprender al gobierno y decirle “voy bajo protesta”. Le explico a la comunidad internacional que voy a participar como una bandera de lucha para demostrar que en Venezuela no hay democracia, y meterse todos en una sola tarjeta que todavía están habilitadas por allí de partidos registrados afectos a la oposición. Estos son los dos caminos que le quedan a la oposición.
Mi preocupación es si deciden no acudir a las elecciones parlamentarias. Esto implicaría en una abstención activa. Si volvemos a incurrir en una abstención pasiva, es decir no votar y después no pasa nada como en el caso de la Constituyente, se estaría consolidando este resultado.
Yo creo que la oposición tiene que pensar el camino que va a seguir. Yo los veo muy ganados a no participar y apelar al tema de la continuidad administrativa basado en que la AN que resulte de esa elección espuria si se concreta los comicios a finales de año, no es legítima y que por lo tanto ellos siguen siendo diputados y continuarán en sus cargos hasta que sean sustituidos por diputados electos de manera constitucional, auténtica y con el ejercicio pleno de la soberanía popular por parte de los votantes.
Pero con esto hay que tener cuidado porque esa posibilidad es limitada en el tiempo, como ejemplo tenemos la erosión y agotamiento del gobierno Interino. Lo que pasa también es que ese Intinerato dispone de activos de la república afuera que le dan oxígeno.
Creo que lo peor que le pudiera pasar a la oposición es convertirse en un gobierno en el exilio, sea Interino o Asamblea Nacional, porque hay muchas experiencias como es el caso de España, que terminan siendo gobierno exilados por muchísimos años. No es una decisión fácil para la oposición, lo importante es que sea unitaria porque la división favorece al régimen y a su proceso de farsa electoral.
Por Confirmado.com
Emma Sánchez Álvarez
