Juan Francisco Alvarado está preso por contar que en su casa no podían usar el baño. Por denunciar desde sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp, que las aguas negras se desbordaban en su comunidad y que los transformadores eléctricos se dañaron sin ser reparados. El Estado venezolano lo acusó de incitar a una rebelión, lo juzgó por incitación al odio y lo condenó a 15 años de prisión.
El joven de 31 años y estudiante de Comunicación Social, lleva 10 meses privado de libertad. Desde el 11 de noviembre de 2025 cumple su condena en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa.
Denunciar para vivir con dignidad
Juan ha insistido en sus declaraciones en el tribunal en que su único objetivo era denunciar las fallas de los servicios públicos en su comunidad de Apartadero. Uno de los problemas más graves era el desbordamiento de aguas negras, que le impedía usar el baño de su casa y lo obligaba a trasladarse a la vivienda de su abuela, en otro sector, para asearse y hacer sus necesidades básicas. Juan es un paciente crónico que requiere atención y cuidados permanentes.
Sus familiares aseguran que estas denuncias fueron realizadas a través de la Ven App, la plataforma oficial del Estado, y que de ellas tenían conocimiento los integrantes del consejo comunal, de tendencia oficialista. Juan también reportó por esta vía la avería de unos transformadores eléctricos, que botaban aceite y no eran reparados pese a los reiterados avisos.
“Desde la Ven App llamaban para preguntar si ya los habían arreglado, y Juan decía la verdad: que no. Eso fue lo que, al parecer, desató todo lo que hoy estamos viviendo”, relató un familiar.
Según sus allegados, los recursos para las reparaciones fueron asignados, pero las obras nunca se ejecutaron. Aseguran que “la condena contra Juan es una represalia política del ex alcalde chavista Uliber Quintero”, por haber denunciado públicamente la falta de ejecución de esas obras.
“La denuncia de las cloacas está en Aguas Cojedes, pero se niegan a entregarnos el informe. Juan, como estudiante de periodismo, hacía lo que estaba aprendiendo: informar”, señalaron.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó el acta de declaración de un supuesto miembro del Comité de la Juventud del PSUV de Apartadero. Sin embargo, esa persona nunca compareció ante el tribunal cuando fue citada.
La detención
Juan fue detenido el 20 de marzo de 2025, cuando regresaba en una unidad de transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde vive con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas en la rodilla.
En el punto de control La Cascada, en la autopista José Antonio Páez, a la altura del municipio Agua Blanca, estado Portuguesa, funcionarios de la Guardia Nacional solicitaron las cédulas de identidad a los pasajeros. Tras verificar sus datos, lo bajaron del autobús y le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra,. Luego sabría que había sido emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes, identificada como MP-3487-2025, de fecha 9 de enero de 2025, por el delito de incitación al odio, previsto en el artículo 20 de la Ley contra el Odio.
Un proceso viciado desde el inicio
La audiencia de presentación se realizó de manera telemática, el miércoles 26 de marzo de 2025, ante el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal de Cojedes, presidido por el juez Silvio Victorio Vergara Aguilar, en enlace con el Tribunal Tercero de Control de Acarigua, a cargo del juez Luis Torrealba.
Aunque fue detenido por una causa del estado Cojedes, Juan nunca fue trasladado a esa entidad. Desde su aprehensión permaneció bajo custodia de las autoridades del estado Portuguesa, primero en la Segunda Compañía del Destacamento 312 de la GNB, en La Cascada, y posteriormente en el Cepella (Centro Penitenciario Los Llanos).
Todas las audiencias posteriores se realizaron de forma telemática. Incluso, la audiencia de juicio se celebró vía telefónica, alegando problemas de conectividad. A pesar de ello, el Tribunal Quinto de Juicio dictó una condena de 15 años de prisión, el 11 de noviembre
Sin pruebas suficientes
La defensa privada de Juan introdujo un recurso de apelación el pasado 25 de noviembre, denunciando la violación del principio de inmediación, que exige la presencia física y continua del juez durante las audiencias para garantizar una valoración justa de las pruebas y el derecho a la defensa.
Además, los abogados de Juan sostuvieron que no se demostró el delito imputado. En el juicio solo declararon dos personas: un funcionario de la DAET de la Policía Nacional Bolivariana, quien inició la investigación a partir del patrullaje cibernético, y un supuesto experto que no pudo verificar técnicamente los hechos.
Como elementos probatorios, el Ministerio Público presentó capturas del perfil de Instagram de Juan y mencionó un enlace anclado que redirigía a la cuenta en X de la Comisión Nacional de las Primarias de 2023. Durante el interrogatorio, el propio experto reconoció que en esa cuenta solo se publicaban datos de votación.
Un caso que simboliza la persecución
Dieciocho días después de escuchar la sentencia, celebró su cumpleaños tras las rejas. Su caso es parte del patrón de criminalización de la protesta y la libertad de expresión que se intensificó en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro y la oposición denunció fraude.
En este contexto, el Estado activó con mayor fuerza el llamado “patrullaje cibernético”, una práctica extendida de vigilancia digital, monitoreo de redes sociales y revisión forzada de dispositivos, que ha derivado en decenas de detenciones arbitrarias en todo el país.
Según las actas procesales, fue a través de estas revisiones que las autoridades señalaron publicaciones de Juan en Instagram y Facebook relacionadas con protestas. Sin mayor análisis ni pruebas técnicas concluyentes, esas publicaciones fueron interpretadas como llamados a una rebelión civil.
Juan Alvarado es hoy uno de los cinco periodistas que permanecen detenidos en Venezuela. Entre el 8 y el 15 de enero de este año, 19 trabajadores de la prensa fueron excarcelados, en un contexto de presión internacional.
SNTP