En una rueda de prensa ofrecida este sábado 21 de febrero, el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, presentó el primer balance oficial sobre la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, apenas 24 horas después de su publicación en Gaceta Oficial. Según los datos suministrados, el sistema judicial ha recibido un aluvión de peticiones: a las 405 solicitudes registradas inicialmente el viernes, se sumaron 1.152 nuevas peticiones en menos de un día, elevando a 1.557 el total de ciudadanos que buscan acogerse a los beneficios del nuevo instrumento legal.
Rodríguez aseguró que las excarcelaciones ya están en marcha, afirmando que en este momento «ya se están dando cientos de liberaciones» de personas que cumplieron con los requisitos de la norma. El alcance de la ley, sin embargo, trasciende a quienes están tras las rejas; el dirigente explicó que el beneficio se extiende a un universo de más de 11.000 ciudadanos que actualmente cumplen medidas cautelares, tales como regímenes de presentación ante tribunales o arresto domiciliario. Para este grupo, la meta del Comité de Seguimiento es el levantamiento inmediato de las restricciones para otorgarles la «libertad plena».
Este proceso de amnistía masiva surge como una respuesta política obligada tras el drástico cambio en el tablero nacional, desencadenado por el operativo militar estadounidense que terminó con el arresto de Nicolás Maduro la madrugada del pasado 3 de enero. En este nuevo contexto, la Ley de Amnistía se presenta como la herramienta principal del chavismo para intentar estabilizar la crisis institucional, aunque las organizaciones de derechos humanos mantienen la lupa sobre la celeridad y la transparencia con la que el Comité de Seguimiento procesará los casos de los cientos de venezolanos que aún permanecen en centros de reclusión.
