El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial que redacta el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al terminar una primera reunión con familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos dijo que ahora tienen «insumos» para enriquecer el mencionado instrumento de ley.
«Escuchamos muchos casos. Tenemos que escuchar a todo el mundo para tener los elementos. Ahora vamos a escuchar a las víctimas que se autodenominan de las guarimbas del 2014 y del 2017 que nos están esperando en el Palacio Federal Legislativo. Vamos a estar pendiente de todos los casos que se nos presenten», dijo.
El parlamentario explicó que la mencionada ley debe ser lo más amplia posible y que sea un primer paso. «A lo mejor con esta ley no se solucionara todo, pero vamos poco a poco tomando las medidas y los pasos necesarios para el entendimiento nacional, para la paz política y social que nos permita la prosperidad que todos esperamos», agregó.
40 derechos de palabra
Por su parte, el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que la primera reunión con los familiares de los presos políticos se prolongó por cinco horas y durante ese tiempo ofrecieron 40 derechos de palabras.
«Escuchamos el testimonio de 40 personas de todo el país, escuchamos detenidamente y tomamos nota de todo lo que dijeron de todos los casos, fue una jornada bonita, la intención sigue siendo promover la convivencia democrática y mejorar todo lo que haya que mejorar».
Un periodista presente en el lugar pregunt si tienen previsto visitar los centros de reclusión donde se encuentran los presos políticos y el diputado Jorge Arreaza respondió que la prioridad es adelantar la redacción del instrumento legal que le devolverá la libertad a una importante cantidad de presos políticos.
Es importante señalar que hay presos políticos como los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), Hctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, que tienen 23 años presos, condenados a 30 ans de prisión, y hasta los momentos ninguna institución del Estado venezolano ha escuchado los argumentos de sus familiares.
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