La Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición hecha por Venezuela del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien se encuentra en Italia y es requerido por los presuntos delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
En un documento emitido por el procurador de Roma, Luigi Giuliano, se expresó que el Fiscal General de esa Corte, Roberto Cavallone, manifestó su opinión favorable a la extradición de Ramírez, hecha por la Justicia venezolana, según un tuit del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.
Según el texto, el fiscal general no consideró suficientes las defensas de Ramírez y estimó que el caso no era de persecución política y que habría infligido «daño para la República Bolivariana de Venezuela».
Del mismo modo, se afirma que Venezuela hizo la solicitud de extradición por los delitos de peculado doloso, evasión de licitación, asociación para delinquir y financiación del terrorismo, que tienen correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano.
Se explica también que «no existen elementos» para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de Venezuela «sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos o que el país no respetará los derechos fundamentales del imputado».
Asimismo, se asevera en el texto que «parece necesario» que el Estado que hace el requerimiento «asegure los tiempos y métodos para el desarrollo del proceso penal y la detención cautelar».
El exministro es investigado en Venezuela por al menos siete casos de corrupción y posee solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol.
¿De qué lo acusa Venezuela?
En julio del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró «procedente» la solicitud de extradición del exministro de Petróleo y expresó que asumía el compromiso ante Italia de que Ramírez será juzgado bajo «las debidas garantías» y «únicamente por su presunta participación» en la comisión de estos delitos.
Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014 durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, también se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2014 y 2016. Fue acusado por la Fiscalía venezolana de liderar una trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo, de la que habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012.
Ramírez también está vinculado al caso del «buque fantasma», propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratada en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, que habría estado inoperativo el 60 % del tiempo, y por el que el Estado pagó 1.175.300 dólares.
Asimismo, el expresidente de PDVSA también está relacionado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del crudo.
Los «errores de cálculo» en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril (para la determinación de regalías), mientras que la desviación del factor K pudiera superar los 5.000 millones de dólares, entre 2009 y septiembre de 2017.
RT.
