En lugar de dar la espalda al requerimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI), Israel ha preferido responder que rechaza cooperar en la investigación de crímenes de guerra en Palestina abierta por los jueces de La Haya. El Gobierno en funciones de Benjamín Netanyahu insiste en que niega la jurisdicción de la TPI sobre el Estado de Israel, que no es signatario del Estatuto de Roma, el tratado que lo creó en 2002, pero la contestación al escrito de petición de información de la fiscal Fatou Bensouda implica un reconocimiento de hecho del proceso emprendido hace un mes por el tribunal.
Al apurar hasta el último momento —el plazo para la contestación expiraba este viernes—, Israel había sembrado dudas sobre su relación con el TPI. La investigación penal de La Haya —que puede desembocar en órdenes de arresto internacionales de altos cargos y jefes militares, y en un revés para la imagen exterior del Estado judío—, es uno de los pocos asuntos que genera consenso entre la clase política israelí, polarizada tras cuatro elecciones con resultados no concluyentes en los dos últimos años.
Netanyahu reunió el jueves a rivales en las urnas, como el ministro de Defensa en funciones, Benny Gantz, y en los tribunales, como el fiscal general, Avichai Mandelblit, quien presentó la acusación que le ha obligado a sentarse en el banquillo por corrupción, para decidir sobre la respuesta que había que dar a la fiscal Bensouda.
En una fórmula jurídica similar al fuero medieval castellano “obedézcase, pero no se cumpla”, el Consejo de Seguridad Nacional israelí decidió “no cooperar con el tribunal internacional, sin dejar de responder a la carta de la fiscal”, según un comunicado oficial difundido en la noche del jueves. Este órgano también dejó claro “que el TPI carece de jurisdicción y que Israel es una nación que sabe cómo investigarse a sí misma”, al tiempo que negaba todas “las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra”. No parece previsible que el Gobierno de Israel vaya a permitir el acceso de los fiscales y agentes del TPI a territorio palestino por los puestos fronterizos que controla: todos menos el de Rafah, con Egipto, en el sur de Gaza.
Esta declaración, sin embargo, no responde a la pregunta planteada hace un mes por la fiscal Bensouda a Israel y Palestina. En esencia, si están en condiciones de evitar que se ponga en marcha el proceso en La Haya demostrando que sus sistemas judiciales han investigado o van a investigar los hechos en los que la fiscalía ha apreciado indicios de crímenes de guerra. “Lo mejor sería seguir los procedimientos del tribunal. No tomarlo en consideración y no reconocer su jurisdicción puede ser problemático para Israel”, declaró al diario Maariv Yael Vias Gvrisman, directora del Instituto de Derecho Penal y Humanitario Internacional de Herzliya (norte de Tel Aviv).
Las diligencias abiertas por la justicia militar israelí sobre denuncias de crímenes de guerra en Gaza apenas han generado procesamientos. El caso de la muerte de cuatro niños que jugaban en una playa de Gaza en plena guerra de 2014 se archivó sin inculpaciones en 2015. Una investigación de ONG Adalah, de la minoría árabe en Israel, confirmó finalmente que los chicos perecieron por el impacto de dos misiles disparados desde un avión no tripulado, según datos de la propia policía militar. El Ejército sostiene que los niños fueron confundidos con milicianos de Hamás en una zona considerada de guerra.
El ministro de Defensa Gantz —que se asoció el año pasado con Netanyahu en el Gobierno y que ahora se ha integrado en la oposición— ha asegurado este viernes que la “justicia ha salido a la luz” en Israel y que la respuesta dada al TPI no es solo “por cuestiones procesales técnicas, sino también legales y morales”. El exgeneral Gantz fue el jefe del Ejército que dirigió la guerra de Gaza en 2014, en la que murieron 2.500 palestinos, dos tercios de ellos civiles, y 73 israelíes, de los que 67 eran militares. Netanyahu cuestionó por su parte que un tribunal internacional “creado para defender los derechos humanos esté protegiendo”, según dijo, “a aquellos (terroristas palestinos) que violan los derechos humanos”.
La investigación de La Haya se extiende a las Fuerzas Armadas de Israel, por ataques desproporcionados contra civiles, y a las milicias palestinas del enclave, como Hamás o la Yihad Islámica, por el lanzamiento masivo de cohetes de forma indiscriminada contra población civil israelí. “Hemos contestado al TPI que cooperaremos plenamente, como Estado miembro (del Estatuto de Roma), a fin de obtener justicia para las víctimas palestinas y para que Israel rinda cuentas por sus crímenes”, declaró a Reuters Omar Awadallah, alto cargo del Ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, que solo ejercer control efectivo sobre parte de Cisjordania. La justicia de la franja de Gaza, gobernada de facto por Hamás desde 2007, no ha incoado hasta ahora ninguna causa por crímenes de guerra.
Adhesión palestina desde 2015 al TPI
La TPI declaró en febrero su jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos “en los territorios (palestinos) ocupados desde 1967”. Israel la impugna, ya que considera que Palestina no es un Estado internacionalmente reconocido. Desde 2015, la Autoridad Palestina está adherida al Estatuto de Roma y se somete a su jurisdicción.
En diciembre de 2019, la fiscal Bensouda, ya había solicitado al tribunal que abriese una indagación por crímenes de guerra. “Hay indicios racionales para proceder a una investigación sobre la situación en Palestina”, precisó entonces, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas de Israel y de milicias palestinas. “Estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este”, concluyó. La Administración estadounidense del republicano Donald Trump impuso el año pasado sanciones a Bensouda y a otros responsables del tribunal de La Haya a raíz de esta decisión, pero el actual presidente, el demócrata Joe Biden, las levantó la semana pasada. Estados Unidos tampoco se ha adherido a la jurisdicción penal de La Haya.
Además de la investigación de la guerra de Gaza de 2014, la TPI también prevé indagar sobre presuntos crímenes de guerra por la muerte de cerca de 300 manifestantes palestinos por disparos de tropas israelíes en la frontera de Gaza entre 2018 y 2019, así como sobre la expansión de los asentamientos de colonos israelíes en territorio ocupado palestino.
El Gobierno de Israel teme que la investigación penal internacional pueda conllevar imputaciones contra responsables militares y civiles israelíes y que, en consecuencia, puedan llegar a ser arrestados en el extranjero en virtud de órdenes de detención dictadas por los jueces de La Haya. La TPI carece de una fuerza policial propia para hacer cumplir sus resoluciones y para ejecutarlas precisa de la cooperación de los 123 Estados adheridos a su jurisdicción.
EL PAIS por Patricia Villegas
