Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional, felicitó este sábado al gobierno de Panamá por incluir a 55 funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente Nicolás Maduro, en la lista de personas sujetas a la supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por ese país contra el blanqueo del capitales y el financiamiento al terrorismo.
Así mismo, solicitó al país centroamericano presentar – y está seguro que existe – un listado de propiedades blanqueadas por los altos jerarcas del régimen.
“Esta decisión del gobierno panameño no debe quedar como un escándalo más en Venezuela, tal como ocurió con el caso Odebrecht, donde su propio dueño afirmó haberle dado a Nicolás Maduro alrededor de 50 millones de dólares y aquí no pasa nada; mientras que presidentes de países latinoameticanos como Luis Inacio Lula Da Silva y Pedro Pablo Kuczynski, han sido destituidos y enjuiciados, y funcionarios e intermediarios están presos”.
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García amplió que la solicitud al gobierno de Panamá de presentar el listado de “propiedades blanqueadas por quienes hoy desgobiernan” a Venezuela. “El país debe conocer hacía dónde fue desviado el dinero público, lo que trajo como consecuencia el estado terminal en el cual se encuentra sometida hoy nuestra patria; y en segundo lugar, una vez presentada al mundo esta lista, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, vamos a abrir una investigación más exhaustiva al respecto para presentar a la plenaria de la Asamblea Nacional, porque estos delitos no pueden seguir quedando impunes”, aseveró.
El dirigente opositor alertó que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, debe inhibirse en la investigación porque no puede actuar como parte acusadora en un caso donde está sancionado por el gobierno de Panamá.
Finalmente dijo que los resultados de la investigación del blanqueo de capitales en Panamá serán presentados por la Asamblea Nacional ante las instancias internacionales. “Por más que el gobierno rechace y desconozca a la Asamblea Nacional legítima por estas y otras razones como el daño patrimonial causado a la nación por más de 300 mil millones de dólares; más temprano que tarde en Venezuela habrá justicia, y esos bienes serán confiscados, y ese dinero mal habido será repatriado, y se invertirá el solucionar esta profunda crisia humanitaria, una vez que el régimen haya salido del poder”, remató.
Nota de Prensa
