La sede de la organización fundada por el ex mandatario fue una de las locaciones allanadas por las autoridades la mañana de este viernes. Lula da Silva fue interrogado en el transcurso del día por su presunta vinculación en irregularidades de la estatal Petrobras
Mientras la policía llevaba a declarar a Lula da Silva por el caso «petrolão», la fundación política que responde al ex presidente repudió el operativo judicial en su contra.
«Se sometió al ex presidente a una vergüenza pública», declaró el Instituto Lula en un comunicado publicado en su sitio web esta mañana.
En el mensaje, que defiende el papel de Lula y niegas las acusaciones en su contra, asegura que los allanamientos contra el ex mandatario fueron «un asalto al estado de derecho que afecta a toda la sociedad brasileña». El Instituto Lula calificó el operativo de «arbitrario e ilegal».
«¿Por qué el ex presidente de Lula fue sometido a la vergüenza de la conducta coercitiva?», se pregunta el comunicado, debido a que el líder del PT fue trasladado a una dependencia policial a raíz de una orden de «conducción coercitiva» para declarar.
Esta mañana, más de 200 agentes de la Policía Federal de Brasil participaron en diversos allanamientos, que incluyeron la casa del ex mandatario, la residencia de uno de sus hijos, la sede del Instituto Lula y oficinas de la constructora Odebrecht.
Tanto Lula como el presidente del instituto, Paulo Okamotto, deben responder a la sospecha de que Odebrecht realizó reformas a una casa de campo que el ex mandatario utilizaba en Atibaia, en el interior de la región paulista, a cambio de contratos con Petrobras. También se investiga que la constructora OAS pagó por un departamento tríplex que el ex presidente tendría en Guarujá, en el litoral del estado de San Paulo.
«No hay ninguna razón para que el ex presidente Lula declare sobre un apartamento en Guarujá que nunca ha sido de él, así como un lugar de sus amigos en Atibaia, donde pasa sus días de descanso», reza el comunicado del instituto.
«El Instituto Lula reafirma que Lula nunca ocultó su patrimonio ni recibió beneficios indebidos antes, durante o después de gobernar el país. Nunca estuvo involucrado directa o indirectamente en ninguna ilegalidad», sentencia.
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