Las identidades de cinco de los siete funcionarios que habrían actuado el día 5 de mayo en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira –Ucat-, donde presuntamente fue agredida la estudiante Angelly Pernía y otros 11 detenidos más, dio a conocer el día de ayer el diputado a la Asamblea Nacional Walter Márquez, quien exhortó al Gobernador del estado a actuar de manera inmediata.
Márquez informó que los cinco funcionarios actuantes fueron: Wilmer Beltrán, supervisor Jefe, placa nº 1106; Omar Laguado, oficial agregado, placa 3286; David Moreno, oficial, placa 3952; Esmel Estupiñán, oficial, placa 4721 y Jeison Duarte, oficial, placa 4829. Acotó que faltarían dos por identificar, incluyendo una femenina que habría agredido a Angelly Pernía.
Relató que de acuerdo al expediente los agredidos por esos funcionarios fueron: Giorgina Casique, Daniela Oncon, Angelly Pernía, Keyla Aponte, José Rincón, Jorge Escalante, Jesús Sandoval, Jonathan Duarte, César Durán, Antherson Torres y Gabriel Eduardo Villamizar.
Márquez manifestó que conociéndose ya los nombres de los agresores, el Gobernador del estado como Comandante en Jefe de la Policía del estado Táchira tiene que proceder de inmediato a ordenar el arresto de los funcionarios, colocarlos a órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público y destituir al Director de Politáchira por encubrimiento, de lo contrario sería responsable por delitos de lesa humanidad y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Destacó que en el expediente que reposa en el Tribunal Décimo Penal de Control del Táchira y en la audiencia de presentación de los detenidos del día 6 de mayo en horas de la tarde, los abogados defensores privados y los representantes del Foro Penal, dejaron constancia y pruebas que de los 12 detenidos, 11 habrían sido golpeados por la fuerza pública, la cuales también existirían en el Ambulatorio de Puente Real y en el Hospital Central de San Cristóbal, donde fueron atendidos los agredidos y se determinaron sus hematomas.
Al Colegio de Médicos…
Walter Márquez solicitará públicamente y por escrito al Colegio de Médicos del Táchira, que sean pasados al Tribunal Disciplinario los doctores: Manuel García Osorio, jefe de Ginecobstreticia del Hospital Central a quien llama “el rey del aborto” y al presidente encargado de la Corporación de Salud, Marcos Labrador, para que el tribunal que ventila los hechos de violencia contra la mujer y el Fiscal especializado en delitos de violencia de género, investiguen el ocultamiento de información.
Destacó que ambos ocultaron información que reposa en los expedientes médicos de Pernía, sobre la presencia de signos de tortura, lo cual sería también sancionado en el artículo 27 de la misma Ley contra la Tortura que indica: “El médico que incurre en falsedad al expedir el informe médico legal, psicológico, mental respectivo, u omita la mención de signos de tortura o maltrato, será sancionado con pena de 8 a 12 años de prisión y supresión de la licencia por un periodo equivalente a la pena”.
Fuente: ÚN
