Hasta hace unas horas hubo huelga en el infierno. Comenzó el domingo y se prolongó toda la semana. El infierno son las cárceles venezolanas. Ni siquiera hay una estadística oficial que registre el número de los «pecadores» confinado a un submundo de barrotes y desatención generalizada. Lo que empezó el domingo se extendió a 16 prisiones, 4 anexos femeninos y una decena de calabozos policiales. Declararon una huelga de hambre pacífica. Es decir, un ayuno sobre el ayuno al que están condenados.
De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) -una organización civil, no oficial- en 2022 el sistema de cárceles bajo responsabilidad (es un decir) del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario alojaba a 33.558 personas en 45 recintos. Pero coexiste un segundo infierno de más o menos 500 calabozos de detención preventiva. Para marzo de 2022 había en ellos 35.000 detenidos.
El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que los altos niveles de hacinamiento en las cárceles venezolanas tienen como una de sus causas el excesivo empleo de la medida cautelar de la prisión preventiva: 17.825 personas detenidas se encontraban en esa condición.
La situación de la población carcelaria se caracteriza por la sistemática violación de las garantías judiciales y la desidia en la administración de justicia. Lo que reclaman los presos y sus familiares son, entre otras acciones, la actualización de los cómputos de sus tiempos en prisión, el otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y el cese de planes diseñados por el ministerio a cargo que no se han resuelto el desamparo jurídico de los privados de libertad.
Una buena parte de los presos, aunque imprecisa, se encuentra detenido en prisiones alejadas de los tribunales donde se tramitan sus causas. Ahí comienzan los problemas: el sistema penitenciario no tiene cómo garantizar los traslados por falta de unidades de transporte o la escasez de gasolina. Hay casos de presos que han acumulado hasta 40 diferimientos de sus audiencias en un lapso de 2 años. A otros, simplemente se les interrumpe el juicio porque siempre hay excusas para las postergaciones indefinidas.
Ante la incompetencia del Estado, los familiares de los presos reúnen como pueden recursos y costean los gastos de traslado. Pero entonces es posible que ese día falte la luz en el tribunal o se carezca de otros materiales, o no asista el fiscal del Ministerio Público o el mismo juez que debe dirigir la audiencia.
A la vez que se vulnera el derecho fundamental a tener un juicio justo y rápido, los reclusos soportan las condiciones inhumanas de las prisiones del país: hacinamiento, desnutrición, violencia, carencia de acceso a servicios básicos y corrupción de funcionarios. El OVP habla de “infiernos en la tierra”. De “universidades del delito”, porque los que suelen imponer su ley al interior de los centros penitenciarios son los grupos criminales más y mejor organizados que el sistema carcelario.
La huelga en el infierno fue levantada porque se comenzaron a revisar casos y a liberar a una cantidad también imprecisa de reclusos.
Nada indica, sin embargo, que el caótico sistema penitenciario pueda garantizar a los reclusos lo más elemental: servicios de salud, alimentación adecuada, condiciones sanitarias, seguridad, cumplimiento de las garantías y protecciones judiciales y formación y capacitación del personal de custodia en el respeto a los derechos humanos.
Editorial de El Nacional
