La ONG Human Right Watch (HRW) acusó este viernes a los gobiernos de Estados Unidos y México de violar el Derecho Internacional y de ampliar una política “abusiva” de expulsión fronteriza de la época Trump tras su reciente pacto en política migratoria que permite a Washington deportar al territorio mexicano a los migrantes venezolanos que hayan entrado al país “ilegalmente”.
La organización aseguró que el acuerdo firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pone en peligro la vida de los migrantes y viola el Derecho Internacional, según un comunicado de la ONG.
“Un nuevo camino legal para algunos venezolanos que buscan seguridad en Estados Unidos no ocultará el daño probable que muchos otros sufrirán debido a esta expansión masiva de la abusiva política de expulsión fronteriza del Título 42 de la era Trump”, apuntó el investigador de México de HRW en materia de Derechos Humanos, Tyler Mattiace.
“Con esta decisión, Biden está castigando efectivamente a los venezolanos que se han visto obligados a huir de su país a pie, negándoles el derecho a solicitar asilo e intentando endulzar esta política abusiva con un programa de libertad condicional humanitaria que solo beneficiará a unos pocos elegidos”, agregó.
El 12 de octubre de 2022, los gobiernos de Estados y México anunciaron un nuevo proceso de control migratorio para los venezolanos con el fin de reducir la cantidad de personas que llegaban a la frontera estadounidense.
Según la medida, que entró en vigencia el 13 de octubre, todos los venezolanos que crucen la frontera entre Estados Unidos y México de manera irregular serán expulsados a México, dejándoles sin la posibilidad de buscar asilo en Estados Unidos. A fecha de 18 de octubre, habían sido devueltos 4.050 venezolanos, según HRW.
Con todo, los gobiernos de Estados Unidos y México también anunciaron un nuevo programa para permitir que hasta 24.000 venezolanos que cumplan con ciertos requisitos soliciten permiso para viajar a Estados Unidos en calidad de búsqueda de trabajo.
Requisitos “a menudo difíciles de cumplir”
Para ello, los venezolanos deben tener un pasaporte válido y tener “un patrocinador” con sede en Estados Unidos que acepte brindar alojamiento y apoyo financiero.
“Estos requisitos son a menudo difíciles de cumplir. Muchos venezolanos enfrentan barreras administrativas y económicas para obtener o renovar pasaportes u otros documentos oficiales, incluidos certificados de matrimonio y nacimiento, dado que los servicios consulares venezolanos son escasos e inasequibles”, detalló HRW.
“Exigir a los solicitantes de asilo que presenten un pasaporte del gobierno que puede estar persiguiéndolos contradice fundamentalmente la realidad de muchos refugiados“, relató la organización en su comunicado.
Por ello, pidió a la Administración Biden que restablezca el acceso al derecho a solicitar asilo para todas las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, independientemente de su nacionalidad, medios económicos, lazos familiares o los documentos de viaje que posean.
Por otra parte, HRW hizo un llamado al Gobierno mexicano a negarse a aceptar expulsiones, incluidas las de venezolanos, y especialmente de aquellos en mayor riesgo, como las personas Lgbt y las personas con enfermedades crónicas o discapacidades.
También exigió al Gobierno de López Obrador otorgar estatus legal a todos los venezolanos expulsados por Estados Unidos para garantizar que puedan acceder a unos servicios básicos mínimos.
“El derecho a solicitar asilo es un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se implementa en la legislación interna de los Estados Unidos. Toda persona que busque protección internacional tiene derecho a solicitar asilo en el extranjero ya que su caso sea conocido ante las autoridades correspondientes”, dijo la organización.
“Biden y López Obrador deberían trabajar juntos para crear sistemas de inmigración y asilo humanos, equitativos y que respeten los derechos, en lugar de limitar el derecho a solicitar asilo por motivos de raza, nacionalidad, medios económicos o lazos familiares”, señaló Ari Sawyer, investigadora fronteriza de Estados Unidos en Human Rights Watch.
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