La situación en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, ha sido tema de conversación -e impasses- en las últimas semanas, tanto nacional como internacionalmente. La Voz de América conversó con Tamara Taraciuk, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quienes han seguido de cerca el conflicto.
Al cumplirse un mes del comienzo del conflicto, HRW publicó un informe sobre la actuación de las fuerzas de seguridad venezolanas en la frontera y sobre lo que calificaron de “atrocidades”.
A casi dos semanas de su publicación, Taraciuk, quien además ha seguido la situación venezolana en HRW por años, afirma que: “La situación continúa siendo de mucha tensión”.
“Más de 5.800 personas salieron de Apure y se encuentran en Colombia en albergues, la mayoría en Aurauquita. Otros tantos se encuentran en casas en familia, en fincas en Arauca, y tienen miedo a regresar, justamente porque la situación en Apure sigue siendo muy inestable”, afirma la subdirectora interina a VOA.
Todo comenzó el pasado 21 de marzo, cuando se iniciaron los enfrentamiento entre la Fuerza Armada venezolana y grupos armados en esa área de la frontera.
Durante el primer mes, HRW registró “ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados”, señala el informe.
Taraciuk comenta que, en los testimonios recogidos para el trabajo, entre los que se encuentran los de al menos 38 de personas que habían huido de Apure, notan un perfil de personas desplazadas.
“La mayoría se trataba de personas que tenían miedo, miedo de regresar, miedo a lo que les podía pasar, miedo a lo que le había pasado a sus familiares en Apure», afirma Taraciuk.
Sobre personas que habrían retornado, explica que tienen testimonios de personas que solo cruzan por unas horas en el día al lado venezolano para ver cómo están sus pertenencias y regresan.
En uno de sus últimos comunicados sobre la situación, la Fuerza Armada venezolana aseguró que las “organizaciones criminales” que enfrentan actúan con el apoyo de “la poderosa estructura de financiamiento con que cuenta la oligarquía colombiana, que tiene el infame propósito de exportar su modelo narco paramilitar”.
Por su parte, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino, aseguró recientemente que no se trataba de un conflicto entre países vecinos, “es un conflicto en territorio nacional auspiciado por Nicolás Maduro”, afirmó.
Respuesta y llamado
La reacción del gobierno de Nicolás Maduro al informe vino de su canciller, Jorge Arreaza, a través de intercambios vía Twitter con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Arreaza aseguró que la “única atrocidad” es presentar “un informe irresponsable para promover la intervención”. “Una estafa más: la politización de los DDHH para desestabilizar”, indicó.
Ratificó que la Fuerza Armada del país está “enfrentando a los criminales, violentos, narcotraficantes y violadores de DDHH”.
Para Tamara Taraciuk, la respuesta venezolana a sus denuncias “acusaba al mensajero y no respondía al mensaje”.
“No hay ningún tipo de respuesta sobre las denuncias sustantivas que realizamos”, agregó. Al igual que tampoco la hay a distintos pedidos de información a autoridades venezolanas reflejados en el informe, según explicó.
El informe cita a Vivanco afirmando que “las atrocidades” cometidas en Apure “son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”.
Es por ello que la subdirectora interina explica que una de “las recomendaciones centrales” está dirigida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para que analicen estos hallazgos en el marco de las investigaciones.
“Toda la información que nosotros publicamos sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela las compartimos con los organismos internacionales que están investigando estos delitos, y lo hemos hecho con la Corte Penal Internacional”.
Por último, adelantó que seguirán trabajando sobre la situación en la frontera desde distintos ángulos «para documentar y exponer” la realidad venezolana. VOA
