La deriva antidemocrática de Venezuela, el debate sobre impunidad y guerrilla en Colombia o el dramático récord en derechos humanos deMéxico, son algunas de las cuestiones que marcan la agenda del chileno José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas deHuman Rights Watch (HRW), que este jueves intervino en la Casa de América.
-Si el Gobierno de Nicolás Maduro no permite la presencia de observadores internacionales en las legislativas del 6 de diciembre ¿estará en duda la limpieza de los comicios?
-El Gobierno ha dejado claro que no permite observadores electorales, que en el mejor de los casos permitiría una delegación de lo que ellos llaman acompañantes, pero no se sabe cuál es su misión. Está claro que la OEA y la UE no podrán participar, lo cual genera serias sospechas, pero aún existe la posibilidad de que Unasur pueda enviar una misión. Ojalá tenga atribuciones, funciones claras y demuestre independencia. No son unas elecciones más, son muy importantes para Venezuela y hay que preservar la credibilidad e integridad del proceso. Por eso la necesidad de garantizar la presencia lo antes posible de estos observadores internacionales que puedan incluso realizar un recuento paralelo.
-¿Venezuela recurre a conflictos como el fronterizo con Colombia para ocultar las malas perspectivas del chavismo en las legislativas, según los sondeos?
-No se cuáles son las motivaciones, pero no cabe duda de que fue unacrisis fabricada en Caracas. En la frontera entre Venezuela y Colombia hay serios problemas desde hace décadas, con presencia del crimen organizado, guerrillas y paramilitares. Sin embargo ese problema no se puede abordar mediante la deportación sin el debido proceso de ciudadanos colombianos e incluso venezolanos. Da la impresión de que ha sido para distraer la atención interna. Pero la reacción internacional ha sido clara en el sentido de no comprar el cuento que han querido vender en Venezuela.
«La juez está buscando un puesto diplomático en recompensa por la sentencia»
-¿Qué futuro tiene el recurso de la sentencia contra el líder opositor venezolano Leopoldo López ante la Corte de Apelaciones? Su defensa cree que los argumentos de la juez Barreiros son «débiles y cargados de vicios».
-El Poder Judicial en Venezuela está capturado desde 2004, no cuenta con la más mínima independencia, la concentración de poder es prácticamente total. Cualquier abogado tiene la obligación ética y jurídica de agotar todas las instancias, pero esas decisiones se toman en el Palacio de Gobierno y no en el Poder Judicial. No tengo mayor esperanza en que instancias superiores del Poder Judicial puedan revertir una sentencia que constituye una arbitrariedad, a Leopoldo López se le ha condenado sin pruebas. Hemos tenido acceso a su expediente judicial y no existe evidencia alguna que justifique incluso una orden de detención.
-¿Por qué cree que el Gobierno lo mantiene aislado en un módulo de la cárcel militar de Ramo Verde, tras seis rejas?
-Es una manera más de intentar castigarlo, humillarlo, hacerlo sentir aislado. Es un ejercicio más del poder abusivo de Maduro y frente a ello lo único que cabe es ejercer presión internacional para lograr ojalá su libertad inmediata sin condiciones.
-¿Echa de menos el rechazo de países de peso en la región a la detención y condena contra el líder opositor venezolano, entre otros 78 presos políticos?
-La reacción de la opinión pública ha sido clara. La de los gobiernos, especialmente los latinoamericanos, ha sido lenta una vez más. Sin embargo, nadie ha salido a defender esa sentencia, excepto Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No sé si ni siquiera la propia juez (Susana Barreiros), que entiendo está buscando un puesto diplomático en recompensa por esta sentencia. Los líderes regionales, al menos en privado, admiten que es un hecho arbitrario, que no tiene justificación. La sentencia ha servido para colocar ante los ojos de la opinión pública mundial el grado de arbitrariedad que existe en Venezuela.
-¿Qué le parece que la Justicia venezolana haya ordenado la búsqueda y captura de los directores de los medios opositores «Tal Cual», «El Nacional» y «La Patilla», tras reproducir la información publicada por ABC, según la cual el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, sería el jefe del cártel de los Soles?
-Reproducir una noticia publicada en ABC pero que dio la vuelta al mundo no puede constituir un delito. Esa es la situación de Venezuela, donde las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión son de las más graves de América Latina. La autocensura es la norma. Como ellos cuentan con esas herramientas de represión, el Poder Judicial ad hoc, unos jueces que son verdaderos soldados de la causa, no les resulta difícil empapelar a aquellos que se convierten en objetivo del Gobierno. Espero que estas órdenes de captura o arresto no sean procesadas por Interpol.
-¿Teme que en Colombia haya por fin paz, pero con impunidad en delitos de lesa humanidad, tras el acuerdo alcanzado sobre justicia entre el presidente Santos y el líder de las FARC, «Timochenko»?
-La paz en Colombia y la paz negociada es un valor superior y muy importante. Ojalá se pueda lograr dentro de los plazos que las partes se han impuesto, seis meses a partir de la fecha en que anunciaron unacuerdo de justicia transicional. Para que ese acuerdo tenga un impacto en las condiciones de vida, especialmente de aquellos sectores del campo colombiano expuestos al maltrato de grupos irregulares armados, es importante que el componente de justicia sea sólido. En cualquier negociación de esta naturaleza hay que hacer concesiones y concesiones muy fuertes. Sin embargo, las que se han hecho a las FARC, en el sentido de que a cambio de la confesión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, los autores de esos hechos no irán a prisión, pareciera ser tremendamente desproporcionado. Esas concesiones se pueden hacer con rebajas de pena. Lo que está sobre la mesa es impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad, es muy difícil concebir crímenes más graves. Y no solo eso, sino además extender esta impunidad a agentes del Estado y paramilitares.
«La política de EE.UU. en Cuba ha tenido un impacto cero en derechos humanos»
-En Colombia se ha abierto un polémico debate sobre si el expresidente Álvaro Uribe debe ser investigado por supuestos nexos con los paramilitares cuando era gobernador de Antioquia (1995-97). ¿Puede ser ser una condición de las FARC para firmar la paz? La Fiscalía ha remitido documentos a la Corte Suprema para que decida si cabe investigarlo.
-Sí, por masacres como la de El Aro y otras. La Fiscalía tiene atribuciones y obligación de investigar todo tipo de hechos ilícitos en Colombia. Tengo el mayor respeto por el fiscal Eduardo Montealegre, con quien estoy en permanente comunicación, aunque discrepamos sobre el proceso de paz. Es una materia que está en manos de la Justicia y con el curso de las investigaciones podremos conocer más respecto a las responsabilidades del expresidente cuando fue gobernador.
-¿Coincide en los argumentos sobre la impunidad y el proceso de paz en general del expresidente Álvaro Uribe?
-Hay diferencias centrales. Nuestras preocupaciones y objeciones frente a este acuerdo de justicia transicional no son ideológicas. Nuestra posición está fundada en valores jurídicos de carácter universal, consagrados en estándares claros, que no existían hace quince o veinte años, y que no son negociables. Estamos a favor de un proceso de paz, el expresidente Uribe ha estado siempre más bien a favor de una solución militar al conflicto armado. Valoramos el liderazgo del presidente Santos en esta materia, pero creemos que el componente de justicia debe ser una parte central de la ecuación que el Gobierno está impulsando. Cuando Uribe gobernaba propuso unos arreglos con los paramilitares, que inicialmente se llamó de «alternatividad penal», en el año 2004, donde a cambio de confesiones por parte de paramilitares, se les ofrecían granjas agrícolas sin proceso penal.
-¿Le decepcionó, como a muchos opositores, que el Papa Francisco no se refiriese a los derechos humanos en sus homilías ni recibiera a disidentes durante su reciente viaje a Cuba?
-Muchos esperábamos un pronunciamiento claro a favor de las libertades públicas en Cuba por parte del Papa, aprovechando su autoridad moral, además de haber cumplido un rol tan prominente en el proceso de negociaciones que culminó con el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre EE.UU. y Cuba. Una de las pocas buenas noticias que hemos recibido quienes nos preocupa la situación de los derechos humanos en Cuba es justo el progresivo desmantelamiento de la política absurda y fracasada de aislamiento y embargo. El Papa tenía una responsabilidad y una oportunidad única para dejar constancia de las restricciones a las libertades fundamentales y la falta de respeto de los derechos humanos por parte de un régimen totalitario como es el cubano.
-¿Si EE.UU. levanta el embargo los cambios irán más rápido en Cuba o debe ser una condición para que el régimen de los Castro haga una apertura económica y política?
-Esa aproximación al problema cubano ha sido un error histórico por parte de Washington. El impacto ha sido cero en materia de derechos humanos y libertades públicas. El levantamiento del embargo, que está en manos del Congreso de EE.UU. desgraciadamente, debería ocurrir lo antes posible sin condición alguna. Lo cual no significa que EE.UU. abandone sus preocupaciones en materia de derechos humanos; al contrario, coloca a este país en mejor posición para coordinar posiciones multilaterales que permitan generar presiones e incentivos al régimen cubano y, sobre todo, exponer el deplorable récord en derechos humanos de Cuba sin caer en la distracción que ha representado hasta hoy la discusión sobre el embargo.
«México sufre una crisis de derechos humanos que el Gobierno no quiere ver»
-¿Qué le parece que un año después de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa (Guerrero) siga sin esclarecerse su muerte y sin aparecer la mayoría de los cuerpos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que teme que esto no sea un hecho «aislado» en México.
-No, creo que México se enfrenta a una crisis muy profunda de derechos humanos que solo el Gobierno de Peña Nieto no quiere ver. Las evidencias están sobre la mesa. México cuenta con un número de desaparecidos que supera los 25.000 casos, en cifras oficiales, y por encima de las 90.000 ejecuciones, donde no está clara la responsabilidad de los carteles o de los agentes del Estado. La impunidad ha sido la regla. El caso de Ayotzinapa, al igual que el caso de Tlatlaya y otras masacres que se han producido incluso en 2015, son una evidencia de esta profunda crisis en derechos humanos como nunca antes ha ocurrido en México, producto de la guerra militar iniciada por el presidente Felipe Calderón contra los carteles. Nadie puede ignorar que mientras han estado buscando en Guerrero a los estudiantes desaparecidos, se han encontrado innumerables fosas comunes con cadáveres, pero corresponden a otras personas y no a estos jóvenes.
Hay un aspecto muy importante, que ha colocado sobre la mesa la Comisión Interamericana y que demuestra la incompetencia y los conflictos de intereses que tienen las máximas instancias judiciales mexicanas, especialmente la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar estas materias. Hay un informe de un grupo de expertos que ha cuestionado incluso lo que llaman en México la verdad oficial respecto de lo ocurrido con los estudiantes. Los interrogantes y los argumentos de estos expertos son sólidos y el Gobierno de México ha tomado en este sentido la decisión correcta de prolongar el mandato de los expertos y comprometerse a revisar las investigaciones que han realizado hasta ahora que pareciera que cuentan con serias irregularidades y vicios.
Fuente: ABC
