Santiago Uribe, hermano menor del expresidente colombiano Álvaro Uribe, compareció el jueves ante la Fiscalía por sus presuntos nexos con grupos paramilitares, informó su abogado.
Jaime Granados, defensor de Santiago Uribe, dijo telefónicamente que «estamos a pocos minutos de iniciar la indagatoria» y enfatizó que todos los testigos contra su cliente «son falsos», resaltó AP.
El 25 de septiembre la Fiscalía anunció que había vinculado formalmente a Santiago Uribe a una investigación penal por su aparente apoyo a un grupo paramilitar que habría operado en los años noventa en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia y a unos 305 kilómetros al noroeste de Bogotá.
El 24 de mayo de 2010, el mayor retirado Juan Carlos Meneses dijo que supo de las actividades ilegales de Santiago Uribe porque él mismo recibió pagos mensuales por ser permisivo con el accionar del grupo ilegal.
«Yo lo único que hacía era colaborarle al grupo y a Santiago, pero yo nunca participé… mi función era colaborarles» al dejar operar a los paramilitares, agregó el otrora policía.
Meneses contó que en 1994 llegó como comandante de la policía a Yarumal y conoció a Santiago Uribe, quien era uno de los copropietarios de una finca en la zona llamada «La Carolina», un criadero de toros de casta. Manifestó que a cambio de un pago mensual de entre 600 y 750 dólares, Santiago Uribe le pidió que colaborara con un grupo paramilitar que él tenía en la zona y que se dedicaba a asesinar a atracadores, consumidores de droga y cuatreros. Reveló que el grupo fue conocido como un escuadrón de la muerte con el nombre de «Los 12 Apóstoles», a los que se imputan más de 50 asesinatos.
En 2004 Meneses solicitó el retiro voluntario de la Policía.
Pero el abogado Granados dijo que «no existe ninguna prueba que señale al señor Uribe Vélez» y aseguró que los testigos en su contra han sido impulsados y protegidos por reconocidos detractores del expresidente Uribe: el congresista de izquierda Iván Cepeda, el sacerdote jesuita Javier Giraldo y el abogado Daniel Prado.
En 1995, tras estallar un escándalo en la prensa sobre el supuesto grupo de sicarios, la Fiscalía se abstuvo de abrir una investigación formal contra Santiago Uribe con el argumento de que no había pruebas suficientes y contundentes para hacerlo. Pero tras las afirmaciones de Meneses la investigación se reactivó.
Fuente EU