María Lucía García, hermana del político y editor Leocenis García, ha denunciado que, desde su detención en 2024, el dirigente sigue incomunicado en el Rodeo I y no ha podido verlo hablar con él porque los guardias piden requisitos “absurdos” y rechazan a los familiares
Leocenis García, editor del semanario 6to. Poder y fundador de ProCiudadanos, es uno de los más de 700 presos políticos que aún hoy permanecen en las cárceles venezolanas. Detenido el 13 de septiembre de 2024, tras las elecciones de ese mismo año, desde entonces está incomunicado y sin contacto con su hermana, María Lucía García, quien ha exigido al régimen constancia de su salud física, así como su pronta liberación.
En entrevista con El Nacional, García lanzó un llamado urgente al régimen para que permita visitas de familiares y garantice sus derechos, amparados en la resolución 79/2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución que emitió medidas cautelares en favor del opositor en octubre de 2025, al considerar que se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”. Las medidas exigen a las autoridades proteger su integridad, permitir contacto familiar y jurídico, y garantizar atención médica.
El fundador del grupo mediático 6to Poder y del partido ProCiudadanos fue detenido por agentes del Sebin tras difundir un video y un artículo en El Nacional donde decía que el régimen se había convertido en un “paraestado”. Desde entonces, García permanece incomunicado en el penal de Rodeo I, situado en Guatire a media hora en automóvil desde Caracas, según denuncias familiares presentadas ante la ONU y la Cruz Roja Internacional.
«Yo como su hermana particular, de manera independiente, estoy solicitando formalmente verlo yo. Porque yo tengo todo el derecho de verlo y una persona detenida tiene todo el derecho de ver a su familia», afirmó García, detallando siete visitas rechazadas en la última semana, en las que ni siquiera le han permitido ingresar artículos de aseo personal ni un rosario. “Bueno, pero esta gente ni recibe a Dios”, añadió con voz quebrada.
Guardias encapuchados y requisitos “absurdos” para visitas
María Lucía relató que las autoridades penitenciarias insisten en pedir requisitos “absurdos” para las visitas como actas de matrimonio o nacimiento autenticadas para visitas fraternales. Esto ocurre con todos los presos y visitantes que se acercan al recinto, uno de los centros de reclusión más restrictivos y opacos del país. Defensores de los Derechos Humanos han afirmado se trata de un penal convertido en un espacio de máximo control militar, donde el aislamiento, el anonimato forzado y la deshumanización son prácticas sistemáticas, según ha explicado Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal, en declaraciones a los medios.
“Los guardias siempre están encapuchados ahí, siempre. Tú sabes si están los mismos o no por el sonido de la voz, pero no les ves las caras. Están siempre detrás de una cerca de ciclón que tiene una malla negra”, indicó García. “Están siempre con sus armas, con la cara tapada y sin ninguna identificación”, agregó.
Su descripción del Rodeo I concuerda con otras denuncias. Organizaciones defensoras de los presos políticos han explicado recientemente que el ingreso al penal está marcado por medidas extremas de seguridad. Todos los custodios cubren sus rostros con pasamontañas y lentes oscuros, mientras que a los detenidos se les asignan nombres distintos a los reales, impidiendo su identificación. Sobre esto, María Lucía ha añadido que los familiares que ingresan deben usar capuchas también para no ver lo que ocurre dentro.
Persecución, hostigamiento e incautación de sus bienes
El político, de 44 años de edad, ha sido perseguido reiteradamente por los gobiernos de Chávez y Maduro desde 2008. Leocenis García ha sido arrestado al menos en cuatro ocasiones, en dos de ellas hizo huelgas de hambre que afectaron su salud, y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos en 2020. Al mismo tiempo, ha sido amenazado y hostigado por las autoridades, que han incautado todos sus bienes y cuentas.
«El Estado le ha robado sus bienes, lo ha incautado todo», denunció su hermana, quien agregó que le han quitado una propiedad en La Lagunita “donde el régimen ha metido a un sacerdote a vivir, y no se sabe para qué está siendo usada esa casa”.
María Lucía subrayó que su padre lo vio por última vez hace unas semanas, durante pocos minutos, y Leocenis se encontraba esposado y visiblemente delgado por la prohibición de alimentos y agua externos: «Está delgado. Ha bajado mucho de peso. El Estado es responsable de lo que le pueda pasar. Hay una decisión de un ente internacional que le exige respetar sus derechos violados de manera constante y reiterada».
La familia acumula daños colaterales: la madre de Leocenis sufrió un ACV grave tras enterarse de la detención —aún con secuelas motoras—, y sus hijas (de 22 y 11 años) no han podido visitarlo. «Yo sin mi hermano no soy nadie. Todo lo que soy se lo debo a él. Leocenis ha sido mi padre, mi amigo», confesó María Lucía casi en llanto, subrayando su rol como sostén familiar pese a que el régimen ha impedido la manutención de la hija pequeña por el congelamiento de sus cuentas.
La mujer ha presentado el caso ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU inmediatamente tras la detención inicial, cuando perdieron comunicación, y ante la CIDH y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por protección civil en detenciones.
Preguntada por la receptividad de la Cruz Roja y las recientes polémicas que giran en torno a este organismo por denuncias de extorsión a Mariana González, esposa del expreso político Rafael Tudares e hija del presidente electo Edmundo Sánchez Urrutia, María Lucía ha señalado que el trato fue “cordial y amable en todo momento”.
“Si es verdad que ellos me dijeron que no tienen acceso a ningún centro de detención del país, pero yo como familiar tengo que denunciar y llevar el mensaje a todos los organismos”, aseguró.
Excarcelaciones de presos políticos
Este clamor llega en medio de las recientes excarcelaciones en Venezuela. El Foro Penal registra hasta la fecha 154 excarcelaciones confirmadas que han tenido lugar desde el 8 de enero de 2026, mientras que aún permanecen detenidos 780 presos políticos, un aumento que refleja nuevos reportes de familiares y no nuevas encarcelaciones.
De Rodeo I han sido liberados unos 17 hombres, entre ellos destaca Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, tras permanecer 380 días detenido. Además del panameño Javier Olmedo Núñez; dos italianos, el trabajador humanitario Alberto Trentini y el empresario Mario Burl; y uno con doble nacionalidad española y venezolana, Alejandro González de Canales Plaza.
Más de 80 familias mantienen una vigilia constante a las afueras de El Rodeo I a la espera de nuevas boletas de excarcelación, con carpas y pancartas apostadas a metros más abajo de la entrada del penal. Este viernes, cumplieron la decimosexta noche de vigilia reclamando la liberación de sus familiares detenidos.