Caso RCTV
El desacato a la sentencia de la CIDH pudiese traducirse en sanciones políticas para Venezuela
Prensa Unidad Venezuela (Caracas, 22 de septiembre de 2015).- “Este es un asunto que forma parte del cumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela y sería en todo caso el ministerio de Relaciones Exteriores el que pudiese decir si van a acatar o no”.
Asi lo afirmó el abogado y experto en Derecho Internacional, Dr. Héctor Faúndez, al ser consultado sobre la postura del Estado venezolano de desconocer la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual falló el pasado 7 de septiembre condenando al Estado venezolano y ordenándole restablecer la frecuencia a Radio Caracas Televisión (RCTV).
“Lo que llama la atención es que aquí quien ha dicho que no se va acatar sea el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y no la Cancillería; demostrando una vez más su absoluta disposición a complacer a un gobierno que se ha caracterizado por violar sistemáticamente los Derechos Humanos. El TSJ no está para emitir pronunciamientos políticos, está para decidir las controversias que se le sometan”, aseveró el especialista.
Estado forajido
De acuerdo a lo expuesto por el Dr. Faúndez, esta no sería la primera vez que el Estado desatiende el cumplimiento de las sentencias del CIDH: “No hay una sola sentencia bajo este régimen que se haya cumplido por el Gobierno. Eso lo convierte en un estado forajido, en un estado delincuente y tendrá que ser sometido a consideración por parte de la comunidad internacional”.
“Al estar en presencia de estados forajidos o estados que no respetan el derecho internacional, y de estados que no acatan las sentencias de tribunales internacionales, puede significar que la CIDH informe a la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) parea que sea ésta quien tome las medidas pertinentes; en este particular serían las sanciones políticas que la asamblea considere apropiadas en el caso de un estado que está desoyendo los mandatos dispuestos por la CIDH”, aclaró Faúndez.
Para el internacionalista las repercusiones negativas pudiesen extenderse ante la zozobra que generaría a la comunidad internacional la posibilidad de suscribir acuerdos, con un estado que desconoce las instancias internacionales a los efectos de celebrar nuevos contratos, tratados o compromisos con el estado con estos antecedentes: “En la reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA, con motivo de la crisis con Colombia, quedó demostrado que el Estado venezolano no controla la asamblea. Es importante destacar que la propuesta de colombiana obtuvo mayoría, Venezuela quedo aislada, los únicos países que votaron a favor de Venezuela son los clásicos beneficiarios de Pertrocaribe y algunos países del ALBA y es interesante resaltar que países como Argentina y como Brasil no votaron junto con Venezuela”.
Sobre el veredicto que condena al estado venezolano, el jurista manifestó: “Por primera vez en una sentencia de la CIDH se hace referencia explícita a la Carta Democrática Interamericana y de manera muy destacada. Señalando la circunstancia de que aquí no se trata solamente de haber violado la libertad de expresión, si no que al mismo tiempo ésta -la libertad de expresión-, es un componente fundamental, es uno de los pilares de una sociedad democrática; y que por lo tanto esto constituye también una violación al citado documento”.
“Se destaca esto tanto en la sentencia como en uno de los votos racionados, el del juez Eduardo Vio Grossi, quien prácticamente destina todo su racionamiento a referirse a este punto: a que la carta no ha sido acatada por uno de los estados integrantes de la OEA y que ese instrumento jurídico tiene que tener un efecto útil, y debe ser acatado por todos los miembros”, precisó.
La sentencia es inapelable
El Dr. Héctor Faúndez aclara que no está dispuesto ni por la corte, ni por la sentencia un lapso pre determinado para la ejecución de la misma. Abogó por la espera de un lapso razonable para los efectos de que Venezuela dé cumplimiento al dictamen de la corte: “La sentencia es definitiva e inapelable, tanto para sus beneficiarios quienes recurrieron al sistema interamericano en busca de justicia, como para el Estado. Tengo la certeza que más temprano que tarde devendrá un Gobierno que restablezca la democracia en Venezuela y los venezolanos recuperaremos el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos y sin ninguna duda la sentencia será ejecutada”.
Nota de Prensa
