Lo debe saber cada venezolano y lo debe saber el mundo entero. Por eso la Sociedad Interamericana de Prensa insiste en señalar directamente a las empresas privadas de telecomunicaciones, que en Venezuela se prestan para hacerle el juego al gobierno y bloquear las páginas web que a ellos les provoque.
No se trata de un rumor, son hechos confirmados precisamente por compañías como Telefónica de España, que recientemente entregó su informe de transparencia, lo cual es un deber en cualquier país en donde se respete el Estado de Derecho. La empresa publicó en un documento lo que ha hecho en el último año con todas sus filiales, incluida la de Venezuela. En este caso, es solo la comprobación de que el gobierno chavista ejerce un control férreo sobre todo lo que tiene que ver con comunicaciones en el país, incluso en el ámbito privado.
Y entonces sale el primer vicepresidente del PSUV a decir que en Venezuela hay “plena y absoluta libertad de expresión”. Como si la propia alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no tuviera las pruebas cuando afirma que el gobierno de Maduro ha cerrado y bloqueado medios. Algunas organizaciones no gubernamentales hablan de más de 60 entre 2021 y lo que va de 2022. ¿Acaso, amigo lector, usted puede ver tranquilamente la página de El Nacional? ¿Siente que tiene las mismas alternativas para acceder a la información que hace 20 años? Y no hay que olvidar que se necesita conexión a Internet y de eso se encarga Cantv. Es decir, se pagan y se dan el vuelto.
“En verdad es ridículo el planteamiento de la señora (Bachelet) de decir que aquí en Venezuela hay violaciones de derechos humanos en lo que se refiere a libertad de expresión”, dijo el hombre del mazo, con gran cinismo, en una Venezuela donde han hecho hasta lo imposible no solo para cerrar diarios y emisoras de radio que no se han doblegado a su voluntad, sino para que la gente tenga miedo de expresar su opinión hasta en un tuit.
La SIP asegura en su denuncia: “El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y que la vigilancia masiva no es aceptable”. Esta organización y muchas otras no gubernamentales apoyan las denuncias, y no hay programa de televisión o cuenta de Twitter que pueda con una evidencia tan aplastante.
El propio presidente de la SIP, Jorge Canahuati, insiste en pedirles a las empresas transnacionales que honren su compromiso de respetar los derechos humanos y que no se plieguen a las órdenes de un gobierno como el chavista. Y se hizo una pregunta cuya respuesta debe hacer reflexionar a estas compañías: “¿Las mismas empresas privadas que ceden a las presiones políticas del gobierno venezolano y sin ninguna orden judicial bloquean sitios de Internet, serían capaces de ejecutar esas acciones en países con gobiernos democráticos”?
Es obvio que en países democráticos estas empresas no tendrían la necesidad de tomar este tipo de medidas. Pero va siendo hora de que entiendan que cuando están frente a una violación sistemática de derechos humanos, su deber no puede ser obedecer.
Editorial de El Nacional
