Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay que interpretarlo más por sus silencios que por sus palabras. Y no es que no hable; por el contrario, se pudiera considerar que lo hace en exceso con sus famosas «mañaneras»: la convocatoria diaria y temprana de los periodistas para comentar lo que ocurre o está por ocurrir, siempre, o casi, con un toque crítico sobre el desempeño de los medios y de los periodistas. La prensa es cuestionable, por supuesto, pero en la boca insistente de un mandatario obligado a rendir cuentas públicas, llámese como se llame, es un tema muy delicado para la vitalidad de la libertad de expresión e información.
Desde los intereses del rescate democrático en Venezuela, en este peliagudo trance hacia unas elecciones respetables, es saludable que el presidente de México se haya referido al gran tema que nos ocupa, que ha obligado a otros gobiernos del mundo a emitir declaraciones muy contundentes. López Obrador se refirió al tema político y electoral venezolano a partir de una pregunta formulada por una periodista.
«¿Cuál es su opinión sobre el adelanto del proceso electoral el próximo 28 de julio en Venezuela y sobre la posible reelección de Nicolás Maduro?», fue la pregunta. «Es darle más argumentos a nuestros adversarios, los conservadores», fue la respuesta, desconcertante. La periodista insistió: «¿México no haría ningún pronunciamiento en ese sentido?». «No, no, no y ojalá haya democracia (silencio) y se celebren en paz las elecciones (silencio más largo) y ya (breve silencio) y que dejen al pueblo venezolano en libertad, para que elija».
En el contexto de declaraciones oficiales de la mayor parte de los gobiernos democráticos de la región latinoamericana que cuestionan las limitaciones democráticas del proceso electoral venezolano las escuetas palabras, con sus silencios, del presidente de México abonan a la causa: que el pueblo venezolano elija en libertad es el quid de la cuestión. En verdad, no hay otro. Y es obvio que en Venezuela no hay libertad porque ni siquiera se permite que la única candidata elegida en comicios públicos y notorios y con alta concurrencia pueda competir. El menú electoral lo pone la dictadura.
México ha sido por tradición discreto y neutral en su política exterior desde las primeras décadas del siglo pasado cuando aprobó la denominada Ley Estrada (toma el nombre de su secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada) que en una de sus partes indica: «El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades». Ha habido en el tiempo excepciones en la aplicación de esa doctrina, atendiendo al interés nacional y la defensa de sus intereses en un determinado momento histórico.
No se espera, por tanto, un comunicado de la Cancillería mexicana, como los de Brasil, Colombia o Chile, con cuyos gobiernos comparte la mirada “progresista”; pero la decena de palabras de López Obrador -fruto de la insistencia periodística- resume el reclamo democrático venezolano: elegir en libertad, porque precisamente va a contrasentido con un régimen que cierra puertas y ventanas a la expresión popular.
Editorial de El Nacional
