Provea es parte de las 236 ONG que firmó una misiva para advertir de los riesgos de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, recién desempolvada por la AN. Su coordinador de exigibilidad, Marino Alvarado afirmó que hasta la asociación civil Fe y Alegría podría resultar afectada, si se aprueba finalmente, restringiendo el acceso a la educación a miles de niños venezolanos.
En entrevista concedida a El Cooperante, Marino Alvarado aseguró que durante décadas han sabido contrarrestar este tipo de peligros a la función que cumplen las ONGs, pero desglosó cómo resultarían afectadas las organizaciones de la sociedad civil y todo aquel que incomode al Gobierno.
«Se podría generar una enorme autocensura de parte de organizaciones de la sociedad civil (…); lo segundo es que veríamos la confiscación de bienes que puede abarcar bienes de organizaciones hasta bienes personales, tal como establece la ley; y el tercer elemento es el allanamiento de sedes de organizaciones, la detención de sus integrantes, con la excusa de que estaba recibiendo financiamiento y lo ha usado para el lavado de capitales. También que el financiamiento ha servido para promover desestabilización y actos contrario a la ley, así como cualquier historia que puedan inventar porque estamos en un país donde se fabrican expedientes y se encarcela a la gente inocente».
Denunció que no existe en la página del Parlamento de mayoría chavista un proyecto formal de la ley, y que por eso es difícil saber todo su alcance.
Pese al riesgo, Alvarado recordó que gracias a la presión internacional, lograron frenar el avance de la ley durante doce meses y estimó que el hecho de que haya sido «desempolvada» hace unos días, no quiere decir que será finalmente promulgada.
«Nosotros también contrarrestamos, el año pasado estuvimos haciendo gestiones, lo hicimos en el pasado contra la Ley de Cooperación. Hemos hablado con Gobiernos, enviado comunicaciones, hemos hablado con funcionarios de alto nivel en el gobierno de Colombia, en Brasil, con el gobierno mexicano, hemos tocado las estructuras más altas de Naciones Unidas. Logramos un pronunciamiento de varias relatorías de Naciones Unidas; el alto comisionado de DD. HH. estuvo aquí en enero y en rueda de prensa, cuando se despidió del país se pronunció al respecto y manifestó su preocupación. Yo soy optimista y creo que como logramos frenarla en enero del año pasado, así podremos hacerlo ahora. Pero si la quieren aplicar, igualito habrá Provea para rato. De eso pueden estar seguros, el poder se va a quedar con los crespos hechos si piensa que van a acabar con Provea. Así como no ha podido acabar la dictadura de Daniel Ortega con las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, a pesar de que han cerrado más de tres mil organizaciones, acá habrá sociedad civil, habrá gente y organizaciones acompañando a las víctimas y habrá Provea para rato».
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