El asesinato de la gerente inmobiliaria Celeste Aída Gómez Salas (51), ocurrido el pasado 5 de febrero en la calle 2 de La Urbina para robarle el celular, fue el detonante para que los vecinos de esa urbanización, apoyados por los residentes de otros complejos habitacionales del municipio Sucre organizaran durante esta semana cadenas humanas y protestas contra la inseguridad.
Este hecho es una prueba del repunte delictivo reportado en esa jurisdicción y que se refleja en las estadísticas que maneja el Jefe del Centro de Coordinación 7 de la Policía de Miranda, Rafael Graterol.
En enero la cifra de homicidios en ese municipio experimentó un alza, respecto al mismo período de 2014. En enero de este año se contabilizaron 39 asesinatos en esa jurisdicción, mientras que el año pasado hubo 30, lo que significa un incremento de 30% en muertes violentas en este comienzo de año.
De acuerdo con el informe estadístico durante el año 2014 hubo 519 muertes violentas. El 5% de estos homicidios, es decir 77, se produjo en urbanizaciones. El resto en las barriadas y zonas populares, en su mayoría ubicadas en la parroquia Petare.
Según los datos policiales, 70% de los asesinatos ocurridos en 2014 se produjeron por ajustes de cuentas, mientras que 30% se produjeron por resistencia al robo.
Durante el primer mes del año también se ha reportado un incremento en robos y hurtos de vehículos.
En enero de este año hubo 71 denuncias de personas que fueron sometidas y despojadas de sus automóviles. Esto representa un incremento de 14 casos en comparación al año pasado. El hurto de carros también sufrió un ascenso el mes pasado respecto a enero de este año. En 2015, hubo 48 sustracciones de vehículos, mientras que en el mismo período de 2014 se registraron 43.
Seg¿¿un Graterol, más de 50% de los robos a los vehículos se han producido en urbanizaciones como La Urbina, Macaracuay y también en El Marqués Norte y Boleíta.
Añadió que semanalmente recibe cuatro reclamos sobre hurto de piezas automotrices en los reperidos complejos residenciales.
Déficit de funcionarios
El repunte de estos delitos, explicó Graterol obedece a la impunidad, pues a su juicio 95% de esas acciones no han sido resueltos. A ello le sumó a la descomposición social que ha echado raíces no solo en esa jurisdicción, sino también en el resto del país, la falta de políticas públicas para la disminución de las prácticas delictivas, así como el déficit de funcionarios policiales.
En el caso de la policía regional solo hay 180 funcionarios para custodiar la jurisdicción. De esa cantidad, 40 hacen patrullajes por los complejos residenciales. «No se dan abasto, debería haber dos mil 690 efectivos, por cuanto el déficit ronda los dos mil 510 agentes».
El mismo panorama muestra la Policía de Sucre. Según su director, Manuel Furelos, el cuerpo de seguridad cuenta con 850 efectivos y requieren 2.650. «Solo disponemos de 67 patrullas para todo el municipio que incluye el segundo barrio más grande de Latinoamérica: Petare», refirió Furelos.
Cámaras inservibles
Otro factor que contribuye a agravar el problema de inseguridad en las zonas residenciales de esa jurisdicción es que la mayoría de las cámaras de seguridad, que fueron dadas por la alcaldía, no funcionan por falta de mantenimiento o porque los propios antisociales las han dañado.
«A ello se le suma que los urbanismos no cuentan con centro de monitoreo, a excepción de los conjuntos residenciales de Terrazas del Ávila y la urbanización Miranda. Ello trae como consecuencia que los efectivos de seguridad no puedan actuar a tiempo ante alguna situación irregular», dijo José Antonio García, vecino de Terrazas del Ávila.
NATALIA MATAMOROS
EL UNIVERSAL
