El concejal de Maracaibo aseguró que el Fiscal Superior del Zulia, Richard Linares, viola el artículo 51 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público tomando una actitud de negación de la justicia a los trabajadores.
A 25 días de interpuesta por el concejal Juan Pablo Guanipa, la denuncia de hostigamiento y amedrentamiento político en contra de los trabajadores zulianos, el Fiscalía Superior del estado, Richard Linares, no ha asignado un Fiscal para investigar los casos denunciados. El procedimiento establece que se debe asignar fiscal a un caso, el mismo día que se denuncie.
Juan Pablo Guanipa, concejal de Maracaibo, calificó de inaceptable que 25 días después de introducida la denuncia el Fiscal Superior no haya iniciado el procedimiento. “No es posible que el expediente esté engavetado cuando el procedimiento dice que la asignación del fiscal encargado debe ser el mismo día que se hace la denuncia. El Fiscal Superior del Zulia asumió una actitud de negación de justicia a los trabajadores que denunciaron su despido u hostigamiento el pasado 25 de abril”.
La denuncia introducida señala a Francisco Arias Cárdenas, Gobernador del Zulia; Leonet Cabezas, secretario de deporte del Zulia; Nini Bracho, para entonces directora de la Zona Educativa; Arévalo Méndez, presidente de Corpozulia; Dameli Chávez, coordinadora de proyecto educativo y Robert Lenin Dávila, director de la emisora Pequiven 88.7; como algunos de los autores de la persecución política que se ha comenzado en el país luego del 14 de abril.
“Quiero preguntarle a la Fiscal General de la República: ¿es adecuado que un Fiscal Superior guarde un expediente de una denuncia y ni siquiera se distribuya el caso para que cualquier Fiscal asuma la denuncia que el ciudadano está haciendo?”.
Guanipa denunció que con estas actitudes se viola el artículo 51 de la Constitución Nacional que establece: “Toda persona tiene el derecho de representar o distinguir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”.
“Que a 25 días después de la denuncia no se haya visto ninguna respuesta en este caso es causal de destitución de un funcionario en este nivel, por eso la exigencia es que se revise el expediente, que se distribuya el expediente, que le asigne un fiscal y que inicie la investigación como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público”. /JM
Fuente: Nota de prensa
