Juan Pablo Guanipa, concejal de Maracaibo, aseguró que sólo las amenazas hechas por altos funcionarios del Gobierno constituyen un delito. Aseguró que acompañarán a todos los afectados en el proceso legal.
Según lo anunciado el jueves 18 de abril mientras denunciaba públicamente a directivos de la Gobernación e instituciones públicas en el Zulia con grabaciones y otras pruebas que conforman hostigamiento y discriminación política, Juan Pablo Guanipa, concejal de Maracaibo, acudió ante la Fiscalía del Ministerio Público, a consignar la denuncia formal en contra de quienes, según afirmó, violan la Constitución Nacional y toda la normativa laboral en Venezuela.
“Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, como lo dijimos la semana pasada organizamos todo el expediente de la denuncia que hemos hecho acerca del hostigamiento que se hace a distintos funcionarios, empleados, trabajadores de dependencias públicas nacionales, estadales y en algunos casos municipales, basados en la supuesta idea de que hayan votado en favor de Henrique Capriles”.
El documento señala a Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia; Leonet Cabezas, secretario de deporte del Zulia; Nini Bracho, directora de la Zona Educativa; Arévalo Méndez, presidente de Corpozulia; Dameli Chávez, coordinadora de proyecto educativo y Robert Lenin Dávila, director de la emisora Pequiven 88.7; como algunos de los autores de la persecución política que se ha comenzado en el país luego del 14 de abril.
Guanipa señaló que la sola amenaza constituye delito. “Que un jefe reúna a sus empleados a cargo para recordarles el lineamiento político que deben seguir y además amedrentarlos, ya es un delito grave. Y en el código penal, la ley que condena la violencia en contra la mujer y en la ley de trabajadores y trabajadoras están establecidas las sanciones a quien incumpla lo que además se establece en la constitución”.
Violación
Guanipa citó que el artículo 145 de la Constitución Nacional que reza: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrá estar determinado por la afiliación u orientación política”.
“Hoy sumamos el artículo 145 de la constitución a los otros como el 21, 89, 57 y 62, que también violan algunos funcionarios públicos con esta actitud queriendo amedrentar a la gente. Hemos visto como se ha violado el derecho que el trabajador tiene a no ser discriminado. Se discrimina a la gente por presumir que apoyaron una opción política distinta a la del Gobierno, se discriminan a la gente que piensa distinto, se atenta en contra de la libertad de expresión y a la posibilidad que uno tiene de militar en un partido, tener una ideología o de decidir políticamente”.
Detalló que el documento solicita se abra una investigación, que sean citados tanto los mencionados como agraviados, como los que aparecen como ofensores y que todo termine con la imputación de las personas que han violentado la constitución y las leyes.
“Hay quienes creen que esto no va a avanzar porque quienes dirigen el Ministerio Público están parcializados y nosotros también lo creemos, porque después de las declaraciones de la Fiscal General de la República sabemos que está actuando en favor de Miraflores; pero también sabemos que estos son casos que no prescriben y por eso tenemos la obligación de introducir las pruebas y hacerle seguimiento, porque algún día se hará justicia en el país”. /JM
Fuente: Nota de prensa
